Atajos inconstitucionales

Nadie discute que los poderes del Estado deben responder a los problemas de los ciudadanos. Lo que se discute es que se pretenda utilizar soluciones que son abiertamente inconstitucionales, o que comprometan la estabilidad fiscal, financiera o cambiaria del país. Porque es relativamente fácil para cualquier Gobierno o Congreso en un país con algo de recursos o capacidad de endeudamiento dar “soluciones” que aumenten el bienestar de corto plazo de las personas a cambio de llenarnos de deuda que impedirá que el país tenga capacidad de crecer, es decir, incapacidad de dar trabajo a las personas, trabajo que significa un flujo estable de ingresos para esa familia.

Entendamos que la pandemia ha hecho que muchas personas pierdan sus fuentes de ingresos. La solución técnica de corto plazo era una combinación de tres medidas: (1) dar ingresos temporales vía bonos a quienes perdían sus empleos (léase fuentes de ingreso); (2) evitar que se pierdan más empleos vía subsidios a las empresas que mantuvieran su personal, y finalmente (3) dar abundante liquidez a empresas que enfrentaban un severo recorte de liquidez al no poder vender por varias semanas a los mismos niveles prepandemia.

Se puede discutir una y mil veces cuántos recursos debió ponerse en cada una de las medidas. A mi juicio, faltó diligencia y oportunidad en los bonos. Asimismo, es claro que frente a una crisis tan prolongada lo más razonable no iba a ser repartir varias rondas de bonos casi universales sino promover que las empresas pudieran mantener las fuentes de empleo y ojalá crear nuevas. Pero la razón de poner tantos recursos en la tercera medida era que la pandemia traía como riesgo un colapso del sistema financiero. Basta recordar que en la crisis de 1997-98 quebraron 10 de las 25 instituciones financieras.

El costo de una crisis financiera podría rondar 20% o 30% del PBI. Este escenario debía evitarse a toda costa. Esta es la razón de fondo detrás de los programas Reactiva Perú y FAE-Mype. El Congreso puede reclamarle todas las explicaciones que haga falta a la ministra Alva y al Gobierno por qué se escogió esa particular combinación de recursos en cada una de las tres medidas. Es su derecho y nadie puede patalear por esto.

Los problemas que el Congreso tenía por atender eran varios y lo que la ciencia económica aconseja siempre es utilizar un instrumento para cada problema en lugar de buscar que con un solo tiro emboquemos diez bolas de billar. El primer problema era uno estructural, uno que no nació con la pandemia, me refiero a que 6 de cada 10 aportantes a la ONP no podrían llegar a los requisitos para obtener una pensión al llegar a los 65 años, y por lo tanto el sistema de pensiones lo obligaba a aportar y no le daba nada a cambio.

“Muchos siguen creyendo que la solución a este problema son más bonos, hasta que la vacuna llegue al país. Esta solución es fiscalmente imposible”.

La solución para el primer problema se ha propuesto hace años. A mí me tocó hacerlo como asesor del MEF en la reforma de pensiones del 2011 y el presidente Humala no quiso incluirla. La solución es pensiones proporcionales a quienes aporten entre 10 y 20 años y Pensión 65 para los que aporten menos de 10 años.

El segundo problema es que, dado que la entrega de los bonos ha sido muy lenta, y la protección de las fuentes de empleo ha sido poco ambiciosa, había muchas personas demandando un alivio temporal adicional. Muchos siguen creyendo que la solución a este problema son más bonos, hasta que la vacuna llegue al país. Esta solución es fiscalmente imposible.

La pandemia ha pulverizado los ingresos fiscales, ha puesto el nivel de deuda pública por encima del límite de nuestra regla fiscal. Entonces, lo que queda es entender que no se pueden dar más bonos universales, sino que debe haber mayor focalización en la respuesta. Dentro de los 4.7 millones de afiliados a la ONP hay tres tipos de personas: (a) los que no dejaron de trabajar y aportar, (b) los que no dejaron de trabajar, pero ya no aportan porque tienen un empleo independiente o informal, y (c) los que no han podido encontrar trabajo desde el inicio de la pandemia. Muchos de ellos (28%) ya recibieron un bono antes. Lo que correspondía era dar un bono temporal a quienes los necesitaran y aún no lo habían recibido.

No se puede pretender devolver aportes en un sistema de pensiones que tiene un esquema de reparto, donde no hay cuentas individuales. No nos confundamos. El mediano plazo de un país no se construye a partir de atajos inconstitucionales.