Responsabilidad

Hacer Perú

Tenemos que escoger entre dos alternativas que para muchos –me incluyo– están lejos de ser ideales. Sin embargo, los riesgos que conllevan a nuestro bienestar son marcadamente diferentes, no solo por sus implicancias económicas, sino también por las sociales e institucionales.

Para Perú Libre el “modelo económico” nunca funcionó y excluyó a la gran mayoría de los peruanos. Propone un cambio radical, incluyendo una modificación integral del Título Económico de la Constitución, para imitar a Venezuela, o, de moderarse –sobre lo cual no hay ninguna garantía– a Bolivia o Ecuador, casos que explícitamente menciona como modelos a emular. Entonces, ¿sería bueno para el Perú seguir el camino de estos países?

En lo macroeconómico, nuestros resultados son abismalmente superiores: crecimiento económico, inflación, estabilidad cambiaria, RIN, solvencia fiscal, deuda pública, riesgo país (costo de endeudamiento) y calificaciones crediticias, atracción de inversión privada (incluida IED), competitividad, y la lista continúa. Aún tras el fin del superciclo de materias primas (¿retornará?), pese al menor crecimiento, hemos mantenido un desempeño notoriamente superior.

En cuanto al argumento de exclusión, pese a que se pudo y debió hacer más, es también falaz. No solo el Perú tiene mayor PBI per cápita, hay menos pobres, menos pobres extremos y menor desigualdad de ingresos. Seguimos teniendo profundas carencias, entre ellas brechas importantes de bienes y servicios públicos, pero, aun así, nuestro indicador de desarrollo humano también es mejor que el de ellos, según Naciones Unidas.

Más aún, en el frente institucional y de eficiencia del Estado, pese a ser uno de nuestros principales pendientes, resulta paradójico poner a estos países de modelo, pues no solo tienen peores resultados, sino que están en el tercio inferior a nivel mundial (Venezuela entre los últimos). Ejemplos abundan: cumplimiento de reglas (rule of law), libertades políticas, efectividad del gobierno, calidad regulatoria y hasta control de corrupción, de acuerdo al Banco Mundial. Lo mismo muestran otros indicadores de organizaciones independientes, como respeto a derechos de propiedad o índice de libertades económicas o de inversión.

La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué imitar las políticas de estos países –o introducir una versión aún más radical de estas– cuando se comparan de manera notoriamente desfavorable frente al Perú no solo en lo económico, sino también en lo social e institucional?

No hay argumentos válidos que lo sostengan, por lo menos, basados en evidencia. Esto no significa que no necesitemos cambios, con urgencia. Por demasiado tiempo apostamos desproporcionadamente al “chorreo” como la estrategia de propagación de bienestar. Esta obsesión por el crecimiento (a secas), mientras se criticaba y socavaba cualquier intento de implementar políticas que generasen un crecimiento más sostenible y una mayor redistribución, nos ha pasado factura.

Necesitamos preservar (y reforzar) los mecanismos de generación de riqueza en el país, pero también potenciar aquellos que generen mayor inclusión social y productiva (ver https://gestion.pe/opinion/piero-ghezzi-que-cambios-hacerle-al-modelo-noticia/). Es positivo que Fuerza Popular, tras años de oposición a políticas orientadas a estos objetivos, haya entendido que son indispensables, si bien algunas de sus propuestas requieren afinamiento. A diferencia de la otra alternativa, no nos enfrenta a un potencial abismo que sacrifique lo avanzado en las últimas tres décadas y comprometa nuestro futuro. Lo que sí, tendremos que ser muy vigilantes en lo institucional.

Se puede hacer mucho daño a la estabilidad y prosperidad de un país a través de leyes y políticas de gobierno erradas, como lo demuestran el actual Congreso y la respuesta del (anterior) gobierno a la pandemia. Pero preservar los fundamentos constitucionales, incluyendo el título económico, es un elemento esencial para evitar riesgos incluso a la estabilidad democrática. Venezuela, Ecuador y Bolivia cambiaron sus constituciones, introdujeron reelecciones (casi) indefinidas para perpetuar a sus gobernantes en el poder, debilitaron sus instituciones y abrieron la puerta para el uso clientelista y sin salvaguardas de los recursos públicos (con distinto grado de desincentivo a la inversión privada).

Su desempeño cataclísmico (Venezuela) o dispar e insostenible (Ecuador, Bolivia) ha respondido en gran parte a esos marcos constitucionales. Siendo Perú más dependiente de la inversión privada como motor de la economía, las consecuencias adversas de socavarla serían más severas e inmediatas. Recordemos además que ya hemos sufrido en carne propia el desastre de políticas como las propuestas por Perú Libre, que culminaron con la quiebra del país y el empobrecimiento de la gran mayoría de los peruanos en los ochentas. La emigración de millones de peruanos en aquel entonces y la inmigración actual de millones de venezolanos debería ser una potente llamada de alerta.

Por ello, la autonomía del BCR y la prohibición de financiar al Tesoro Público, la inviolabilidad de contratos y de derechos de propiedad, la igualdad de la inversión nacional y extranjera ante la ley, la apertura al mundo y la subsidiariedad del Estado (que no puede hacer lo básico con estándares mínimos), entre otros, son principios básicos a los que no podemos renunciar.

El Perú necesita ajustes en su “modelo económico”, pero aquellos a través de un cambio de enfoque de las políticas públicas, mejoras de gestión, y mayor articulación con un sector privado que también requiere de un cambio de mentalidad y de mejores prácticas. Todo ello es posible al amparo del marco constitucional vigente.

Los riesgos a las condiciones de vida de los peruanos que se desprenden de estas dos alternativas son muy diferentes, no solo en lo económico. Seamos responsables.