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Paola Arce
Socia Líder de la industria de Agronegocios para la Región Andina en Deloitte.
Nos encontramos en un punto trascendental. A medida que la población aumenta y los países emergentes se vuelven más ricos, proporcionalmente hay un incremento en el daño ambiental. Para contrarrestar esta situación, es imprescindible tomar decisiones con vistas en un desarrollo sostenible que permita que la vida, como la conocemos hoy en día, subsista.
De acuerdo con el estudio de Deloitte The rise of the circular economy in corporate waste disclosures, cada año se extraen a nivel global 90,000 millones de toneladas de materias primas no renovables, cifra que se estima que se duplique para el año 2060. A ello se suma otro dato desalentador, únicamente 19% del desperdicio es reciclado o transformado en composta.
Este escenario es consecuencia del modelo lineal actual que supone “tomar, hacer y tirar”, situación que tiene particular efecto adverso en la mayoría de los países latinoamericanos al ser estos dependientes de la importación de productos que, tras su uso, terminan en cuerpos de agua o en la calle. Afortunadamente, la necesidad de revertir esta situación ha propiciado la adopción de nuevas estrategias, como la economía circular.
Una alternativa favorable
Los autores, Kirchherr, J., Reike, D. & Hekkert, M.P., en su trabajo Conceptualizing the circular economy, definen la economía circular como un sistema económico basado en modelos de negocio que reemplazan “la muerte” de un material, por medio de la regla de las tres erres -reducir, reusar y reciclar- y, añadiendo una cuarta regla, -recuperar-; esto en relación a los materiales en procesos de producción, distribución y consumo que operan en los tres niveles de la economía.
Este modelo procura que los recursos extiendan su vida útil el mayor tiempo posible, a través de una serie de acciones: cerrar el ciclo (reintegrar el desecho para la manufactura de nuevos productos), retardar el ciclo (extender la vida de un producto y desacelerar su transición a basura) y estrechar el ciclo (reducir la intensidad de demanda de materiales y recursos durante su producción, uso y eliminación).
Entre sus principales beneficios destaca la reducción de costos como consecuencia de la disminución de la demanda de materia prima, de consumo de energía y del impacto por uso de energías fósiles. Asimismo, contribuye a la mejora de seguridad de los recursos y el aumento de resiliencia en la cadena de suministro.
No es de extrañar, entonces, que la mayoría de los integrantes de la Unión Europea ya ha adoptado este sistema económico. Por su parte, países de América del Sur, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, están recibiendo financiamiento por parte del Banco Mundial para poder instaurar programas para una gestión de residuos y reciclaje, tratamiento de aguas residuales y recuperación de recursos. Del mismo modo, otras naciones, entre ellas, Belice, Surinam, Uruguay, Guayana y Chile también reciben apoyo de diversas instituciones internacionales.
Respaldar la transición
La Fundación Ellen MacArthur, organización que promueve la transición a la economía circular a nivel mundial, afirma que la adopción de este modelo reduciría la emisión de gases invernadero entre 22% y 44% para el año 2050, en comparación al modelo que se utiliza regularmente, y supondría un ahorro en materia prima para bienes de consumo en US$ 700,000 millones.
De hecho, efectuar la transición hacia este sistema económico cumpliría con 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU. Adicionalmente, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo afirma que, de lograr la instauración de una economía circular, se tendría un crecimiento de US$ 4.5 billones en el PBI mundial y más de 2 millones de nuevos empleos al año 2030.
Sin embargo, abandonar la zona de confort en el actual modelo económico lineal y hacer una transición hacia una economía circular, no es una tarea sencilla. Se precisa un compromiso a largo plazo por parte de los líderes políticos de la región, así como la creación de organismos centralizados encargados de instaurar políticas económicas encaminadas a un mejoramiento ambiental.
Los Estados deben incentivar al sector privado para que adopten medidas sustentables y, principalmente, la concientización por parte de todos los actores que juegan un papel en la economía. Solamente así, se podrá conseguir una meta conjunta que afectará de manera positiva nuestra propia existencia.