:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/RXO2ZSTPPBCUFOMQCGZAR55T3A.jpg)
Después de que la pandemia azotó Chile, diez organizaciones benéficas formaron el Fondo Respuesta Comunitaria para aliviar el hambre y la pobreza. Proporciona dinero para unos 200 proyectos, en su mayoría ollas comunes (comedores populares). En Colombia, la Fundación Santo Domingo está dando 100,000 millones de pesos (US$ 26 millones) para costear alimentos y una línea directa para casos de abuso doméstico, entre otras cosas. La Fundación Carlos Slim, respaldada por el hombre más rico de México, destinó 1,000 millones de pesos (US$ 47 millones) para tratar el COVID-19 en ese país.
La pandemia ha dado un impulso a la filantropía en América Latina, pero también es una amenaza. Los donantes tienen menos dinero para dar o lo están transfiriendo a la salud pública por otras buenas causas. Casi la mitad de las ONG en Chile podrían no sobrevivir, teme Sylvia Eyzaguirre del Centro de Estudios Públicos (CEP), un think tank.
Las perspectivas son igualmente sombrías en Colombia, donde muchas organizaciones benéficas dependen de eventos como galas y noches de bingo, que no pueden suceder en tiempos de COVID. En demasiados países, la burocracia y la política se suman a las cargas. Por el bien de su salud política y social, América Latina necesita más actividad caritativa, no menos.
La filantropía es frágil en parte porque está menos arraigada que en otros lugares, especialmente en EE.UU. y Europa. En la época colonial, la Iglesia Católica curaba a los enfermos y ayudaba a los pobres. Los estados centralizadores asumieron esas responsabilidades, aunque no con tanta eficacia como en el mundo rico.
“La filantropía y las asociaciones [de la sociedad civil] eran una especie de tributaria menor y no formaban parte de la historia principal del desarrollo de esas naciones”, dice Michael Layton del Centro Johnson para la Filantropía de la Grand Valley State University en Michigan.
Y se mantiene débiles. Los países latinoamericanos con mayores sectores filantrópicos son México y Colombia, según un estudio publicado en el 2018. Allí los activos de las fundaciones valen el 1% del PBI anual, frente al 4.8% en EE.UU. La gente común parece menos altruista que en otras regiones, aunque la tradición de dar limosna a través de la iglesia sigue siendo fuerte.
En un índice global de donaciones elaborado por Charities Aid Foundation, el único país latinoamericano entre los 20 primeros es Haití.
La región paga un alto precio por los bajos niveles de generosidad. El número de museos, clubes de observación de aves, universidades sin fines de lucro y similares es escasa. A diferencia del mundo rico, los gobiernos no les dan mucho dinero. A nivel mundial, las organizaciones sin fines de lucro representan el 5.7% del empleo; en México, Colombia y Perú eso es 3% o menos, según Lester Salamon de la Johns Hopkins University en Maryland.
América Latina tiene muy pocos grupos que canalicen las quejas de los ciudadanos en propuestas que los gobiernos podrían adoptar, lo que aumenta la probabilidad de conflictos. Si los ricos, que pagan menos impuestos de los que deberían, regalaran más dinero, los altos niveles de desigualdad podrían irritar menos.
Recientemente, se han vuelto más generosos. Más de la mitad de los grupos filantrópicos de la región se han fundado desde el 2000, según un estudio publicado por la Universidad del Pacífico en Perú. Pero la ley, y cada vez más la política, ponen obstáculos. En muchos países, registrar una organización benéfica es difícil. Chile tiene unas 60 leyes que rigen el tratamiento fiscal de las donaciones. Los donantes pueden dar dinero libre de impuestos a instituciones culturales, pero no a grupos ambientalistas o de derechos humanos.
Hay un impulso para cambiar eso en Chile, hecho más urgente por las violentas protestas del año pasado contra la desigualdad y los servicios públicos deficientes. Los think-tanks de izquierda y derecha están presionando juntos por una ley que facilite las donaciones.
Donde gobiernan los autoritarios, la vida se vuelve más difícil para los grupos que se benefician de la filantropía. Jair Bolsonaro, el presidente de derecha de Brasil, ha hecho una guerra retórica contra los defensores del medio ambiente. El presidente de izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador, ha atacado a grupos ambientalistas que se oponen a proyectos de infraestructura, como el tren maya en la península de Yucatán.
Este mes, el Senado de México aprobó una ley para quitar la exención de impuestos a los grupos que obtienen la mayor parte de sus ingresos de actividades no relacionadas con sus objetivos caritativos. Eso perjudicaría a grupos como las universidades que ‘llegan a fin de mes’, por ejemplo, operando librerías. El proyecto de ley es “un profundo ataque a la independencia de las organizaciones sin fines de lucro”, dice Layton.
El debilitamiento de los bienhechores puede hacer la vida más cómoda para presidentes prepotentes como Bolsonaro y López Obrador. Pero una región traumatizada por la pandemia y la pobreza en aumento necesita más filantropía, no menos.