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Para quienes no lo sabían, fue un espectáculo convincente. El 25 de marzo, el presidente Nicolás Maduro se presentó jubiloso en la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas para inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales de Venezuela, previstas para el 28 de julio.
Afuera del consejo se reunió una gran multitud de simpatizantes, supuestamente fue algo espontáneo; la transmisión de la televisión estatal no mostró el convoy de autobuses que los llevó a la ciudad. Adentro, el candidato, vestido con un atuendo deportivo blanco y con los colores de la bandera venezolana, saludó a los radiantes funcionarios electorales antes de pronunciar un encendido discurso, en el que retrató a su oposición como un grupo de oligarcas nepotistas. Su esposa y su hijo, ambos políticos influyentes, estaban sentados en primera fila. “¡El pueblo tiene el poder!” declaró el presidente.
Pero no es así. Si lo tuvieran, Maduro saldría de la presidencia. El impopular autócrata ha generado una recesión desastrosa que ha provocado la emigración de casi una cuarta parte de la población durante la última década.
Su gobierno solo continúa porque ha pisoteado la democracia de Venezuela. Su reelección anterior, en 2018, fue una farsa, cuyo elemento central fue impedir que muchos líderes de la oposición se postularan. La contienda de este año será una repetición.
En una contienda justa, el presidente se enfrentaría con María Corina Machado, una veterana conservadora y crítica del gobierno que en octubre obtuvo de manera abrumadora el 93% de los votos en las primarias de la oposición. Una encuesta del año pasado mostró un apoyo del 70% para ella, frente al 8.3% de Maduro.
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Pero Machado fue inhabilitada para ocupar cargos políticos durante 15 años por la Corte Suprema, que está controlada por el régimen. Para superar ese obstáculo, el 22 de marzo la exdiputada y la coalición de partidos que la respaldan presentaron a una candidata alternativa para ocupar su lugar.
La nominada era Corina Yoris, de 80 años, una distinguida profesora de filosofía. Abuela de siete, y madre de tres hijos emigrantes, su historia podría resonar en casi todos los habitantes del país. Y había otra razón por la que parecía una elección inspirada: ¿seguramente incluso el régimen de Maduro, con su reputación de crueldad, dudaría en encarcelar a una abuela afable?
En lugar de eso, el régimen bloqueó a Yoris impidiendo que los partidos políticos que la respaldaban hicieran el registro de su candidatura en el sistema del Consejo Nacional Electoral antes de la medianoche del 25 de marzo, el mismo día en que Maduro realizó su inscripción sin problemas. Al día siguiente la autoridad electoral confirmó la inscripción de otros 12 candidatos. La mayoría de ellos puede ser categorizada como leal al régimen o como una falsa oposición que no supone ninguna amenaza.
La única persona que tiene posibilidades mínimas de representar una amenaza para Maduro y que, quizás sospechosamente, logró registrarse minutos antes de que venciera el plazo, es el gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, quien se postuló a la presidencia en 2006 y perdió ante el fallecido Hugo Chávez.
Esta vez ni siquiera participó en las primarias de la oposición. Su partido lo describe como un “hombre de diálogo”. Muchos en la oposición temen que pueda ser un títere, infiltrado para dar un barniz de legitimidad a unas elecciones amañadas que Maduro sin duda ganará. “Se bajó los pantalones hace mucho tiempo”, dice un residente del Zulia. Yoris lo llama “Judas”. Machado se niega a respaldarlo. “El régimen eligió a sus candidatos”, fue su respuesta.
La verdadera oposición parece haber conseguido inscribir a un candidato, a pesar del bloqueo contra Yoris. Edmundo González, un exembajador, sería un candidato provisional, que podrá ser sustituido por otra persona hasta el 20 de abril.
Agotados, en medio de este caos, algunos venezolanos están recurriendo al humor sardónico. Luego de que se diera a conocer la lista inicial de candidatos, todos hombres, apareció en las redes sociales una imagen en la que todos lucían bigotes idénticos al que lleva Maduro. Pero para quienes están a la vanguardia de la resistencia contra un régimen que está en proceso de consolidar su poder dictatorial, los acontecimientos de los últimos meses no son una broma.
El 20 de marzo, el fiscal general emitió órdenes de arresto contra el director de campaña de Machado y otros ocho miembros de su equipo. Uno de ellos, una asesora política llamada Dignora Hernández, fue filmada gritando: “¡Ayuda! ¡Por favor no!”, mientras la policía de seguridad del Estado la obligaba a subir a la parte trasera de un automóvil en Caracas.
No se ha sabido nada de ella desde entonces. Presuntamente muchos miembros del equipo de Machado que aún no han sido arrestados están buscando refugio en la Embajada argentina. El 26 de marzo, el régimen cortó el suministro eléctrico a la residencia del embajador, lo que llevó a Argentina a presentar una denuncia oficial.
La supuesta creencia de Maduro en la democracia es cada día más absurda. Saludó la victoria electoral de Vladimir Putin, presidente de Rusia, como “un proceso electoral impecable” que “demostró la democracia de manera ejemplar”. El autoritarismo de Maduro incluso ha provocado reprimendas de los gobiernos de izquierda, generalmente comprensivos, de Brasil y Colombia.
El 26 de marzo, el canciller colombiano expresó su preocupación por las “dificultades que enfrentan los sectores mayoritarios de la oposición” al momento de registrar candidatos. Brasil dijo que seguía con preocupación el proceso electoral. El régimen acusó rápidamente a ambos gobiernos de una “interferencia grave” en los asuntos venezolanos.
El problema perenne es que, para Maduro, el precio de perder el poder es demasiado alto como para arriesgarse a unas elecciones siquiera remotamente justas. Una de sus principales preocupaciones es la Corte Penal Internacional, que está investigando abusos contra los derechos humanos en Venezuela. Pero el abandono de la democracia tampoco está exento de costos.
En octubre pasado, los representantes de Maduro y la principal alianza opositora firmaron un acuerdo diseñado con el objetivo de allanar el camino para la realización de elecciones competitivas este año. En este se incluyeron cuestiones como el acceso a los medios y la garantía de que cualquier posible candidato presidencial pueda postularse si tiene el derecho legal de hacerlo.
El día después de que se alcanzó ese acuerdo, y junto con la liberación de algunos prisioneros detenidos en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos acordó un levantamiento temporal de sus sanciones a gran parte de los sectores petrolero, minero y financiero de Venezuela durante seis meses. La fecha de renovación del levantamiento, o reimposición de las sanciones, es el 18 de abril.
Sin sanciones, los ingresos por venta de petróleo aumentaron para Venezuela: todo indica que este año alcanzaría los 20.000 millones de dólares, frente a los US$ 12,000 millones de 2023, según Ecoanalítica, una consultora con sede en Caracas. Todo eso ahora está en riesgo.
El 22 de marzo, el asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que los arrestos de quienes integraban el equipo de campaña de Machado “nos dan una pausa para pensar cuán serio” es el régimen respecto a sus compromisos. Kirby añadió que su gobierno “todavía está dispuesto a considerar un alivio de las sanciones” si el régimen cambia de tono. Después de la semana pasada, eso parece menos probable que nunca. Maduro parece estar listo para ser presidente por lo menos hasta 2031.
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