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La oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó advirtió que grupos no gubernamentales pueden dejar de operar en el país por una nueva medida del régimen del ilegítimo presidente Nicolás Maduro que les ordena a las organizaciones presentar los listados sobre sus donantes y beneficiarios.
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo emitió una nueva norma para que las organizaciones sin fines de lucro se inscriban ante su despacho, lo cual no estaba contemplado en la ley original que data del 2012, dijeron miembros de ONG.
Para el registro los grupos deben presentar, entre otros documentos, tanto el listado de entes nacionales o extranjeros de los cuales reciben aportaciones como una lista que identifique a sus beneficiarios, según el texto publicado el 30 de marzo en la Gaceta Oficial y que fue conocido esta semana por denuncias de las ONG en redes sociales.
“Las organizaciones deben entregar a la dictadura toda su información financiera y operativa, así como rendir cuentas sobre sus actividades y los beneficiarios poniendo en una situación de vulnerabilidad a un gran número de personas”, dijo la oficina de prensa de Guaidó en un comunicado el viernes.
Una conclusión de la norma “pudiese ser la del cese de operaciones de muchas iniciativas, por miedo o por las consecuencias en cuanto a represión que pudiesen derivar de esta medida”, agregó.
Voceros de Cofavic y Provea, dos de las ONG de derechos humanos más reconocidas de la nación sudamericana, dijeron que entre otros objetivos, la medida busca imponer mayor control y fragmentación en la sociedad civil.
La abogada Liliana Ortega, de Cofavic, dijo que el gobierno intenta con la normativa limitar y obstaculizar la labor independiente de las ONG en Venezuela.
Es una norma “inquisitiva donde priva el principio de culpabilidad y no de inocencia todo ente que reciba cooperación internacional se presume culpable”, dijo Carlos Patiño, de Provea.
Maduro y altos jerarcas del oficialismo, como Diosdado Cabello, han criticado en el pasado a las ONG como Provea asegurando que son financiadas por Estados Unidos.
El Ministerio de Comunicación no respondió de inmediato una solicitud de comentario.