:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/SRVVNAJ5KJGCVAOLB4YWB6AYVY.jpg)
Desde el primer día, la política de inmigración del presidente Joe Biden ha sido en gran medida incoherente. Ahora está al borde de una crisis.
En junio, las autoridades registraron 191,898 detenciones en la frontera, luego de reportar más de 222,000 el mes anterior. Se ha procesado a potenciales migrantes tras cruzar la frontera suroeste más de 1.7 millones de veces en lo que va del año, con lo que ya supera la cifra récord del año pasado. Emblemáticas catástrofes –como la muerte en junio de 53 migrantes en un camión abandonado en San Antonio– no han hecho más que enfatizar estas sombrías cifras.
Esta afluencia ha estado acompañada por una serie de problemas relacionados. Ha aumentado la trata de personas. Enormes cantidades de drogas y armas ilegales –en particular, fentanilo– han aparecido en la frontera. En lo que va del año, 56 migrantes han ingresado a la lista de vigilancia del centro de detección de terroristas del país, frente a los 15 del año pasado.
Solo en junio se recogió a más de 15,000 niños no acompañados. Los gobernadores de los estados fronterizos han estado enviando autobuses llenos de solicitantes de asilo a Washington, donde, como consecuencia, las redes de seguridad social se están debilitando.
Es muy poco probable que estas tendencias mejoren sin una medida audaz.
Durante sus cuatro años en el cargo, el expresidente Donald Trump intentó reducir los flujos migratorios a través de dos programas. El primero, conocido como “Quédate en México”, requería que la mayoría de los solicitantes de asilo permanecieran al sur de la frontera mientras se procesaban sus casos.
En respuesta a los desafíos legales y al comienzo de la pandemia, esa política se dejó de lado para favorecer otra medida, el “Título 42″, que permitió expulsiones generalizadas por motivos de salud pública. Aunque se implementaron al azar –conforme al enfoque generalmente cruel e incompetente de Trump hacia la frontera–, ambas políticas tuvieron el efecto de ralentizar significativamente los ingresos no autorizados.
¿En cuanto a Biden? Ha estado tratando de cerrar ambos programas desde el comienzo de su presidencia, sin especificar alternativas plausibles. Propuso un recorte de fondos para detenciones y deportaciones en la frontera. Publicó la estructura de una reforma mal concebida que parecía invitar a una mayor migración sin sentar las bases necesarias. La vicepresidenta Kamala Harris –designada por Biden para encabezar una respuesta a la crisis– ha pasado solo tres días en América Latina durante 16 meses en el cargo.
Dicha falta de atención ha llevado a una agudización de los problemas obvios que se producen en la frontera, además de dar a los inmigrantes no autorizados la falsa esperanza de que se les permitirá ingresar a Estados Unidos.
La conclusión es que todos los solicitantes de asilo tienen derecho a que sus peticiones sean escuchadas en tribunales, pero Estados Unidos debe asegurarse de que el sistema no se vea completamente abrumado. De las opciones imperfectas disponibles, “Quédate en México” (formalmente conocida como Protocolos de Protección al Migrante) tiene más sentido.
La Administración Biden ha estado trabajando a regañadientes con el Gobierno mexicano para mejorar este programa, incluso ampliando la contratación de jueces de inmigración para acelerar las revisiones de casos, y proporcionando más abogados a los inmigrantes. También debería trabajar para garantizar que tengan una vivienda segura y oportunidades laborales y reducir las distancias que tienen que viajar para comparecer ante los tribunales.
Con la aceptación de dichas mejoras y la aceptación de México, la política debería ayudar a restablecer el orden en el proceso de asilo al mismo tiempo que aborda las preocupaciones humanitarias.
A más largo plazo, Estados Unidos necesita reformas integrales que combinen una mayor financiación para la implementación de leyes y tribunales de inmigración con un programa ampliado de trabajadores invitados, lo que aliviaría la tensión en la frontera y mitigaría la escasez de mano de obra en las industrias agrícola y de producción de alimentos.
Mientras tanto, la inversión adicional, pública y privada, en el norte de Centroamérica podría ayudar a detener la violencia y la pobreza que han hecho que tantos huyan de sus países.
Los problemas en la frontera sur son complejos, pero no irresolubles. Nunca debieron haber llegado a este punto cercano a la crisis. Lo que más se necesita ahora es liderazgo.