Congreso de Chile aprueba “idea de legislar” pensiones pero rechaza propuesta de reparto

El Congreso chileno aceptó este miércoles “la idea de legislar el proyecto de reforma de pensiones”, en una jornada agridulce para el Gobierno, que vio como los diputados rechazaron su otra propuesta estrella, un sistema de reparto del 6%, “donde un 3% se destinaba a las cuentas de capitalización individual y el resto a una caja de solidaridad”.

Una propuesta que buscaba elevar las pensiones más bajas, en especial las de las mujeres, y caminar hacia la dignificación en un país donde la mayoría no supuran los 250 dólares mensuales, una de las tasas más reducidas de la OCDE.

Más allá de este rechazo, la reforma de pensiones del presidente chileno, Gabriel Boric, ganó hoy su primera gran batalla en el Congreso que aprobó la idea de legislar el proyecto. Tras discutir más de 100 indicaciones y eliminar algunas de las partes consideradas centrales para el gobierno, la iniciativa fue enviada en la tarde al Senado para continuar el trámite legislativo.

El Ejecutivo necesitaba 78 de los 155 votos de la cámara, pero logró finalmente 84 votos a favor, 64 en contra —de los partidos de derecha que ya habían anunciado su oposición— y tres abstenciones, en medio de una jornada tensa en la que Partido Demócrata y diputados de otros dos grupos ajenos al gobierno le dieron su voto favorable.

Las abstenciones correspondieron a la diputada del ultraconservador Unión Democrática Independiente (UDI), Marta Bravo, su colega de la derecha tradicional Eduardo Durán (Renovación Nacional) y la independiente Marlene Pérez.

Se inició así el proceso legislativo para una de las promesas de campaña y principales caballos de batalla del izquierdista Boric y también una de las demandas más repetidas por la ciudadanía chilena desde la revuelta social de 2019.

Este mismo miércoles la Cámara de Diputados abordó las 103 indicaciones realizadas al proyecto y algunos de los puntos más polémicos del mismo, como el reparto de ese 6% de cotización adicional con el que se proponía subir el monto de las pensiones y que correría a cargo del empleador, que hasta ahora no aportaba nada al sistema.

El gobierno quería dedicar íntegramente ese porcentaje a un fondo solidario de pensiones que ayudara a financiar, por ejemplo, las pensiones más bajas de las mujeres, pero cedió para lograr los votos de forma que sólo fuera un 3% al fondo solidario y el otro 3% a la cotización individual de cada pensionado.

Rechazo

Este punto, el corazón de la reforma de Boric, fue rechazado por amplios sectores de diputados, por lo que el texto normativo que llega al Senado dista de lo inicialmente planteado por el gobierno. Tampoco prosperó la idea del Fondo Integrado de Pensiones y el gestor público que iba a estar a cargo, ni la idea del Inversor de Pensiones del Estado.

El artículo sobre el reparto del 6%, al que se opone la derecha y la ultraderecha en un solo bloque, se rechazó con 76 votos a favor, 75 en contra y 0 abstenciones.

Por otro lado, se creó un “seguro social previsional” para financiar prestaciones de carácter contributivo y complementos por brechas de género y cuidados dirigidas a mejorar las pensiones de las mujeres, que son mucho más bajas al verse afectadas por lagunas de cotización.

El paso de la ley por el Congreso fue recibido como una victoria a medias del Ejecutivo, tras 14 meses de tramitación y la participación de más de 100 diputados en la discusión durante la jornada.

La ministra de Trabajo chilena, Jeannete Jara, destacó: “Lo vemos con un optimismo moderado”. Admitió que lo central es que “se ha aprobado la idea de legislar”. No obstante, desde la oposición se afirmó que la ley avanzó como “un proyecto vacío, es un cascarón, es un proyecto que no tiene contenido”, en palabras del diputado Guillermo Ramírez, de la Unión Democrática Independiente.

El oficialismo espera un debate “más sustantivo” en el Senado, según manifestó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

En los últimos 10 años el Congreso chileno ha discutido reformas al sistema de jubilación, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que obliga a los trabajadores a cotizar un 10% de su sueldo a un sistema administrado por las privadas administraciones de fondos de pensiones (AFP).

Cuando se jubilan, las AFP calculan en función de las estimaciones de cuánto va a vivir una persona lo que han acumulado durante su vida laboral, lo que deja a la mayoría de los chilenos con pensiones que muchos de los diputados calificaron durante la discusión de la norma de “miserables” .

La pensión promedio para hombres en 2023 fue de unos 300 dólares y para mujeres de 163, según datos de la Superintendencia de Pensiones.

Ninguna de las reformas en los segundos mandatos de Michelle Bachelet (2014-2018) y Sebastián Piñera (2018-2022) salieron a flote y sólo obtuvieron logros parciales como la creación de la pensión universal para aquellos sectores más vulnerables a los que no alcancen las cotizaciones, actualmente de 235 dólares.

La Cámara aprobó por mayoría el miércoles aumentar el monto de esa pensión a 275 dólares.

El presidente Boric manifestó a través de la red X, antes Twitter, que el Congreso “votó a favor del avance de la reforma de pensiones, una propuesta que hicimos pensando en las familias chilenas que llevan demasiados años esperando”. Pero reconoció que “aún estamos a mitad de camino”.

La ley será ahora enviada el Senado y revisada por las Comisiones de Trabajo y de Hacienda del mismo, tras lo cual, llegará a la sala para ser votada. Si se aprobara con modificaciones respecto a lo enviado por el Congreso, regresaría a esa cámara para un tercer trámite.

El gobierno no cuenta con las mayorías necesarias en ninguna de las dos cámaras.

Ascenso en la Pensión Universal Garantizada

Donde sí logró el Gobierno una nueva victoria fue en la aprobación del artículo 56 transitorio, que permite elevar el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Ascenderá a un máximo de $250.000, siempre que, de conformidad a lo señalado en este artículo, se verifique el cumplimiento de la condición relativa a los ingresos tributarios no mineros estructurales medidos como porcentaje del Producto Interno Bruto no minero tendencial de Chile”, apostilló.

Las normas votadas este miércoles pasarán ahora al Senado para ser ratificadas.

En Chile existe en la actualidad un sistema de pensiones privado que controlan seis administradoras privadas, conocidas como AFP, empresas que reciben el dinero de empleados y empleadores y los colocan en fondos de inversión de diferente riesgo -elegido por los trabajadores.

Una vez el trabajador se jubila, no recibe todo el dinero acumulado, si no que su capital se divide en un complejo cálculo que incluye los años cotizados, los años que le restan hasta cumplir 120 y los porcentajes que le corresponden a las AFP por la gestión de esos fondos.

El sistema fue implantado a la fuerza por la dictadura de Augusto Pinochet en la década de los pasados años 80, como uno de los pilares del sistema ultraliberal experimentado en Chile, y del mismo quedaron excluidos los cuerpos militares.