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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi (CEB) informó que, a la fecha, ha recibido 94 denuncias contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) por la modificación al reglamento que regula los servicios de tercerización laboral (Decreto Supremo N° 001-2022-TR), aprobada en febrero pasado.
En un comunicado, la Autoridad de Competencia señaló que dichas denuncias están siendo evaluadas. Una vez culminado ese proceso, la CEB podrá determinar: (i) la admisión a trámite, inadmisibilidad o improcedencia de las denuncias, (ii) el otorgamiento o denegatoria de las medidas cautelares solicitadas, (iii) la emisión de un pronunciamiento final declarando fundada o infundada la denuncia, (iv) la imposición de sanciones, (v) el reembolso de los costas y costos de los procedimientos, entre otros aspectos.
De admitirse las denuncias en contra del MTPE, se permitirá la evaluación de la legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas que han sido cuestionadas.
Asimismo, en caso se cumplan los requisitos establecidos por la ley para el otorgamiento de una medida cautelar, la CEB podría disponer la inaplicación temporal de dichas barreras burocráticas hasta que se emita un pronunciamiento final sobre la legalidad o razonabilidad de estas.
En este procedimiento, además, le corresponderá al Ministerio de Trabajo acreditar que las medidas impuestas sobre tercerización laboral respetan el marco legal vigente y que ha cumplido con evaluar los criterios de razonabilidad que deben regir el ordenamiento jurídico.
“Corresponde señalar que los órganos resolutivos del Indecopi son autónomos y actúan con estricta observancia del Principio de Legalidad, en particular, dentro del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, sin injerencias de ninguna índole”, precisaron en un comunicado.
Diversos gremios empresariales han manifestado su rechazo a los cambios al reglamento de la tercerización laboral, cuyo plazo de adecuación para las empresas culmina el 23 de agosto próximo, argumentando que la medida atenta contra el empleo de más de 24,000 trabajadores contratados bajo esta modalidad.