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El Producto Bruto Interno (PBI) de Perú crecería 3% en el 2022 considerando una inversión privada potencialmente menor, pues “los inversores podrían seguir siendo reacios a gastar hasta obtener una mayor visibilidad y confianza en las políticas de la administración de Pedro Castillo y su capacidad para aplicarlas”, indicó la agencia calificadora de riesgo crediticio Standard & Poor’s (S&P).
El jueves último, S&P revisó la perspectiva de la calificación de la deuda de Perú de largo plazo a negativa desde estable, y afirmó la calificación crediticia en moneda extranjera de BBB+.
Explicó que la perspectiva negativa refleja la posibilidad de al menos una en tres de una rebaja en los próximos seis a 24 meses si los desafíos políticos, en medio de las tensiones entre el Ejecutivo peruano y el Congreso, contribuyen a un desempeño económico deficiente que empeora el perfil financiero del soberano.
Señaló que el nombramiento de un nuevo premier “moderado” en Perú, junto con otras señales políticas recientes, indican el deseo del gobierno de Castillo por evitar cambios bruscos en las políticas económicas clave y mantener la confianza de los inversores mientras se centra en la recuperación de la reciente recesión y la crisis sanitaria.
También previó un buen repunte del crecimiento económico en el 2021 (12%), tras la fuerte contracción en el 2020 (-11.1%), pero el crecimiento será en promedio de 3.5% durante el periodo 2022-2024, lo que dependerá en gran medida de la coherencia de las señales políticas, de la sólida ejecución de la nueva administración y del mantenimiento de la confianza de los inversores.
En su reporte, la calificadora de riesgo crediticio proyectó que la economía peruana alcanzará los niveles prepandemia en el primer semestre del 2022.
Renta per cápita
S&P hace hincapié, además, que pese al buen crecimiento económico de los últimos 20 años en Perú, la renta per cápita sigue siendo baja en comparación con la de sus pares regionales y similares. Para este año, se proyecta que el PBI per cápita aumente a US$ 6,255 (en Chile es US$ 15,000; US$ 9,800 en México y US$ 7,300 en Brasil). Y para el 2024, la tendencia sería llegar a US$ 6,500.
“Si bien el consumo interno se está recuperando gracias a las medidas de estímulo, la recuperación de los salarios ha sido lenta debido al empleo de menor calidad y a la persistencia de una elevada informalidad”, señaló la calificadora de riesgo.
Situación fiscal
En medio de la pandemia, el gobierno suspendió temporalmente sus normas fiscales (incluido el límite de deuda del 30% del PB)I, que aún no se han vuelto a aplicar en su totalidad, pero con anuncios de reestablecerlas, según consta en su presupuesto para el 2022 y su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) para el 2022-2025.
“Esperamos que la consolidación fiscal gradual contenga la deuda neta de las administraciones públicas por debajo de 30% en los próximos tres años y reduzca el déficit del gobierno general a 2% del PBI hacia el 2024, con mayores ingresos esperados contrarrestados por un mayor gasto. Los pagos de intereses rondarían el 8% de los ingresos del gobierno general en el 2021-2024″, sostiene.
Asimismo, S&P supone que el gobierno de Castillo tratará de limitar los déficits fiscales mientras cumple sus objetivos de mayor gasto social y mejora de la infraestructura física, y que dará continuidad a su política monetaria tras la reelección de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR).
En tanto, los ingresos se verán respaldados por la recuperación económica, así como por unas condiciones externas favorables, que incluyen unos precios del cobre moderadamente más altos (se espera que el 7% de los ingresos fiscales totales en el 2021 procedan de la minería, frente al 3% de los últimos años).
Para financiar los futuros déficits fiscales, “esperamos que el gobierno se apoye en los activos líquidos disponibles (de 8.8% del PBI a junio del 2021). Además, el gobierno tiene relaciones sólidas con varias instituciones multilaterales y acceso a líneas de crédito, aunque el aumento de la deuda en moneda extranjera (ahora el 50% de la deuda total), representa una potencial vulnerabilidad para el perfil de la deuda peruana”.
Riesgos contingentes
La posición fiscal del gobierno general del Perú conlleva riesgos contingentes limitados de las empresas públicas, las garantías y el sector financiero, según la calificadora, que incluyen:
El compromiso del gobierno con los proyectos de asociación pública (estimado en alrededor de 2% del PBI); las garantías de Reactiva Perú (con pérdidas esperadas estimadas en el 1.5% del PBI por el gobierno); y los litigios internacionales relativos a cuestiones de inversión, incluida la existencia de obligaciones de pago pendientes por parte del gobierno en virtud de ciertos bonos agrarios (emitidos en la década de los setenta durante la expropiación de tierras).
Se espera, también, que los términos comerciales favorables y la demanda externa contribuyan a un aumento de las exportaciones de bienes, mientras que las importaciones aumentan gradualmente a medida que la economía se recupera.
Se proyecta que la cuenta corriente se mantendrá relativamente equilibrada durante el 2021-2024, con un déficit promedio de 0.7% del PBI, luego de un superávit de 0.8% del PBI en el 2020.
Y respecto al ingreso de inversión extranjera directa (IED), se recuperará sólo gradualmente después de la caída en el 2020, y es probable que siga cubriendo en gran medida los déficits de la cuenta corriente. Además, las elevadas reservas internacionales de Perú -actualmente en torno a los US$ 76,050 millones- proporcionan un amortiguador para hacer frente a los choques externos.