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El Ministerio de la Producción (Produce) rechazó extender los plazos de formalización de las embarcaciones de pesca artesanal, que vencen este 15 de abril, y ha declarado la caducidad de los permisos del 40% de pescadores que extraían pota y perico, informaron las cooperativas del norte del país, La Islilla, La Tortuga y San José.
Frente a ello, los dirigentes, que cuentan con más de 900 embarcaciones, formularon una nueva denuncia contra el Produce por la falta de interés en avanzar con el proceso de formalización y por incumplir un acuerdo para extender los plazos.
“El viceministro de pesca se comprometió a extender los plazos de formalización de las embarcaciones debidamente identificadas de las cooperativas, próximos a vencerse este viernes 15 de abril, y a dejar sin efecto el procedimiento de caducidad que se les había iniciado ilegalmente. Sin embargo, hoy han hecho todo lo contrario, declarando la caducidad de todos nuestros permisos de pesca”, denunció Mario Fiestas, dirigente de las cooperativas.
Explicó que los pescadores artesanales han estado trabajando durante años en la formalización pesquera; pero hoy, “en un acto completamente arbitrario e ilegal, nos notifican de esta resolución”.
Paralización de labores
Los representantes de las cooperativas enviaron una carta al Ministerio de la Producción e indicaron que las bases se sienten burladas con la decisión de no extender los plazos, y exigen dejar sin efecto la resolución “ilegal e ilegítima”.
“Es necesario que se tomen los correctivos del caso y se separen del cargo a personajes que han demostrado incompetencia y poca transparencia en su accionar. Necesitamos soluciones concretas y de no encontrarlas a la brevedad del plazo, nos veremos obligados a iniciar una paralización del puerto de Paita en los siguientes días”, sentenció Pedro Silva, asesor de la Cooperativa de La Tortuga.
En ese sentido, recomendó al ministro Jorge Luis Prado asegurarse de que su personal de confianza siga su misma línea institucional y no, como viene sucediendo en este caso, que estos materializan actos administrativos ilegales y que van en contra de los compromisos públicos del ministro.
Las cooperativas han exigido la inmediata destitución del Director General de Pesca Artesanal, Oscar Díaz, a quien responsabilizan de que más de 7,000 pescadores puedan quedar desempleados.