“Equipos de gestión social no pueden cambiarse de forma abrupta”, dice viceministro de Gobernanza

De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, solo en agosto de este año se registraron 209 conflictos sociales en el Perú, de los cuales 101 estaban en proceso de diálogo. De ellos, 80 corresponden a temas medioambientales vinculados con la actividad minera.

Pero si bien están relacionados con la actividad extractiva, Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, detalló que de las 1,500 demandas de las comunidades, registradas en las plataformas, la mayoría están relacionadas a demandas de servicios públicos (al Estado) y, en tercer lugar, a problemas puntuales con las empresas mineras.

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“Hay muchas ideas que se quedan en buenas intenciones, como el adelanto social, la rentabilidad social, el cierre de brechas, pero que se quedan a nivel de conceptos”, reclamó durante la mesa redonda sobre la Conflictividad y sus impactos en la sociedad en el marco de Perumin 35.

Al respecto, Pedro Palomino, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, señaló que -en efecto- existe desconfianza desde las comunidades y empresas hacia el gobierno. “El proyecto que tenemos es recuperar esa confianza”, dijo.

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“Una de las primeras acciones que hemos desarrollado es fortalecer los equipos de gestión social en diferentes sectores. Es cierto que no podemos seguir en la dinámica de cambios permanentes y abruptos, se requiere la permanencia de los funcionarios. No puede ser que cada cierto tiempo se cambien los equipos y se comience de cero”, sostuvo.

Una segunda acción -anotó- es la instalación (el último lunes) de una comisión que abordará la distribución del canon minero. “El enfoque de la gobernanza es reducir esas brechas sociales, inequidades. Nuestro despacho está dispuesto a trabajar con varias empresas para coordinar un modelo de desarrollo nacional. En ese orden de ideas, estamos priorizando la intervención en el corredor vial del sur”, finalizó.

Palomino dijo a Gestión que a la fecha han avanzando en dos procesos de Consulta Previa: con las comunidades de Espinar en Cusco, por el proyecto de ampliación de Antapaccay; y el inicio de la etapa de información a las comunidades cercanas al Lote 8 (Loreto).