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En el último Foro Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el presidente Pedro Castillo reconoció que en el Perú alrededor de 16 millones de personas viven en inseguridad alimentaria.
Esta cifra es parte del diagnóstico sobre el Perú ante la crisis alimentaria que viene afectando al mundo y que intensificaría sus efectos en el 2023, según la propia advertencia de la FAO.
Se denomina crisis alimentaria a la dificultad que tienen las personas al acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para una vida activa y sana.
La situación es tan compleja para el país que, según el propio presidente, el 70% de los distritos del Perú presentan altos niveles de vulnerabilidad y de inseguridad alimentaria.
Según Castillo, son dos las acciones que se han tomado para hacer frente a esta situación: iniciar la “segunda reforma agraria” y la entrega de bonos. Esto último aún no se empieza ya que recién el lunes último se oficializó la transferencia de S/1,170 millones para pagar el bono alimentario de S/ 270 a unas 4.4 millones de personas.
Sin plan articulado
A la entrega de bonos se le suman la rebaja de IGV a los alimentos para contrarrestar el alza de los precios o un mayor presupuesto para las ollas comunes. Pero cada una de estas acciones son aisladas, sin un plan articulado.
“Hay como cosas sueltas. No hay una estrategia articulada, que siente a los sectores y niveles de Gobierno a pensar en cómo hacemos para que la gente no pase hambre”, afirmó la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli.
La economista explica que lo que se viene haciendo no es suficiente, pues la crisis ya está aquí y una muestra de ello que es que la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) se reveló que el 14% de peruanos había recurrido a un comedor popular u olla común por una ración de alimentos (ver gráfico).
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“Eso quiere decir que más de tres millones de adultos en los últimos siete días recurrieron a un comedor (popular) al menos un día. Es brutal, es altísimo, es mucha gente”, afirmó.
Por ello, Trivelli plantea una acción intersectorial donde intervengan por lo menos cinco ministerios, más las municipalidades, para hacer frente a esta situación (ver subtítulo Propuesta).
Políticas públicas
Pero no solo se requiere un plan articulado, sino también generar políticas públicas que busquen atacar la inseguridad alimentaria de manera permanente.
El economista senior del PNUD, Carlos de los Ríos, afirmó que si bien otorgar bonos alimentarios a la población es una medida adecuada, es necesario dar paso a políticas productivas, porque no se puede mantener de manera permanente las entregas de dinero.
Si bien una parte del problema de la crisis alimentaria vendrá con la reducción en la producción de alimentos, por la falta de fertilizantes, también será influida por la reducción de la capacidad adquisitiva de las familias a causa de la elevada inflación.
“Mientras no resolvamos el lado de seguridad en los ingresos y de capacidad de compra de esos ingresos para las familias más pobres y vulnerables, el tema de crisis alimentaria estará en nuestra agenda de manera permanente”, añadió Trivelli.
Comisión sin resultados
En junio de este año se creó la “Comisión de alto nivel para la atención de la crisis de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar”, que está presidida por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
Gestión pidió a la PCM conocer los avances de este grupo de trabajo, sin embargo, no obtuvimos respuesta. Mientras que en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tampoco tiene conocimiento de los avances
Propuesta
Se requiere la participación de ministerios y municipios
La exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, afirmó que para contar con un plan de acción ante la crisis alimentaria, se requiere un trabajo intersectorial.
Precisó que por los efectos a largo plazo que tendría esta crisis sobre la población es el Ministerio de Salud (Minsa, el que debería promover políticas para hacerle frente, pues una mala alimentación generaría anemia, desnutrición crónica, sobrepeso porque se consume lo más barato que es lo menos nutritivo, enfermedades no transmisibles, entre otros.
En segundo lugar, el Midis también debe participar, porque los más afectados serán su población objetivo: los pobres y los más vulnerables.
Un tercer sector es el de Agricultura, pues produce el 56% del consumo de los peruanos, además del Ministerio de la Producción por los recursos hidrobiológicos, y el MEF, para asegurar los recursos.
A ellos se deben sumar los municipios, que son responsables de las ollas comunes y los comedores populares, así como de la administración de los mercados de abastos.
Plantean un sistema de subsidios para emergencias
El Oficial Nacional Senior de Políticas Públicas y Alianzas del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Perú, Aníbal Velásquez, afirmó que se afronta una crisis alimentaria prolongada y que se extenderá, lo que obliga a pensar en políticas no solo de corto sino también de largo plazo.
En ese sentido, consideró necesario reforzar el sistema protección social en el país, y para ello planteó la creación de una entidad que se encargue de este problema de forma permanente, pues además del covid, ahora se enfrenta la crisis alimentaria y luego vendría una más por el lado climático.
“Se necesita una entidad dedicada a enfrentar este tipo de problemas. República Dominicana avanzó en eso. Tiene un sistema de subsidios porque tiene todos los años huracanes. Esa experiencia podría ser útil para nosotros y estamos trabajando con el Midis para plantear esa política de protección social”, dijo.
Una segunda línea tiene que ver con la agricultura familiar. Según Velásquez se podría usar la ley de compras estatales, que obliga al Estado a que el 30% de la compra de alimentos sea a agricultores. Sin embargo, esta norma no se cumple por falta de estándares de calidad.
Datos
En suspenso. Para apoyar la producción agrícola el Gobierno intenta por cuarta vez comprar urea.
Pendiente. Recién en noviembre el Midagri iniciará la formulación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional al 2050.
En espera. En diciembre se tendrían listos el reglamento de la ley de seguridad alimentaria y nutricional, y las modificaciones al reglamento de la ley de la agricultura familiar.
Cifras
6.8 MILLONES de peruanos padecen de inseguridad alimentaria grave, según los datos de la FAO al 2021.
2.9% BAJÓ la intención de siembra de papa para la campaña agrícola 2022-2023, según la encuesta del Midagri.