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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que esta semana presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley 31729, que habilita a exafiliados y miembros actuales de la ONP, que hayan migrado a una AFP, a recibir un bono de reconocimiento por sus aportes.
Este beneficio es entregado por el Estado peruano a todos los trabajadores que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) antes de incorporarse al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y se deposita en la cuenta individual de capitalización (CIC).
La norma fue aprobada por el Congreso de la República haciendo uso del mecanismo de insistencia en abril de este año, luego de ignorar una serie de advertencias que el Poder Ejecutivo hizo saber a través de una autógrafa observada desde enero.
A pesar de la forma en la que se promulgó la ley, especialistas consultados por Gestión coinciden en que ir al TC tuvo que ser el último recurso. Antes de ello, el MEF tenía opciones para proponer modificaciones a la norma. ¿Qué opciones habían?
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¿Era viable?
El bono de reconocimiento en el sistema de pensiones no es un invento local. Por ese mismo motivo, establecer quiénes están habilitados para recibirlo y sus formas de entrega tampoco son un asunto exclusivo de Perú.
Por eso, señala Alfredo Thorne, exministro de Economía, el MEF pudo seguir, por ejemplo, el modelo mexicano para hacer viable la ley. “En su reforma [concretada en 2020] del sistema pensionario público precisaron que los que deseen irse a una AFP puede hacerlo, pero que el bono se entrega cuando se jubilen y no antes”, explica a Gestión.
La ley cuestionada no establece restricciones para el traslado, ni por edad del trabajador ni por años consecutivos de aporte. Para Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, dejar esa puerta abierta a la alta rotación es peligroso.
“Aún se precise que se entregue al momento de jubilarse, todos los años hay nuevos jubilados. Si yo decido pasarme de un sistema a otro, también debería señalarse que no pueden irse un año y volver al otro. Eso generaría un caos. Hay que ser conscientes del riesgo fiscal”, apunta a este diario.
Como recuerda Thorne, actualmente los aportes de los afiliados no cubren la totalidad del pago de la planilla de pensiones de la ONP. Por este motivo, el Tesoro Público debe cubrir una parte del reconocimiento del bono.
En marzo, en una nota de prensa que acusa a la ley de ser una “partida de defunción” al SNP, el MEF indicó que la planilla de pago de pensiones supera los S/ 5,000 millones anuales. Además, precisaron que en su primer año de implementación, costaría S/ 4,700 millones al fisco. Esta cifra es menor a lo estimado por la misma ONP, que calcula que en los primeros 12 meses de vigencia, el costo será superior a S/5,800 millones.
En la autógrafa del Ejecutivo ignorada por el Congreso se presenta también el impacto económico total estimado de la norma: unos S/ 40,856 millones (ver gráfico).
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Con este grave golpe para las arcas estatales, Ferrini cree que el Gobierno debe incluir, ahora que aseguran que enviarán su propuesta de reforma previsional a fines de este mes al Congreso, un mecanismo que marque límites de traslado.
“Debe trabajarse en un mecanismo predecible al respecto. Ya sea si aportan 10 o 15 años y no solo de la ONP a la AFP. También en sentido contrario. La idea es tener un sistema equilibrado y que no genere un desbalance fiscal”, resalta.
Por esa razón, Thorne cree que el Ejecutivo debería habilitar el traslado a los que menos tiempo llevan aportando. “El costo de oportunidad de moverse es menor para los jóvenes. No tiene sentido darle esa opción a quienes llevan años en la ONP, no les conviene porque en la AFP tendrán una pensión más baja que si se quedaran. Sería muy caro para el gobierno”, sostiene.
Precisamente, en la autógrafa observada, el Gobierno también resaltó lo que le dice a Gestión el exministro de Economía (ver gráfico).
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Como se puede apreciar, según el Ejecutivo, el grupo etario que mayores razones tendría para trasladarse de la ONP a la AFP tienen entre 35 y 39 años.
En el documento derivado al Congreso, el Gobierno también recalca que el SNP tiene 4.7 millones de afiliados, pero que más de la mitad, unos 2.7 millones, ha dejado de aportar al sistema.
“Este grupo de afiliados tendrá un fuerte incentivo para migrar al SPP, debido a que en el SNP se requiere cumplir el requisito de años de aportes para el acceso a pensión, y en el SPP los afiliados que tienen pocos aportes, si bien no pueden financiar una pensión, tienen la opción de retirar su fondo de pensión”, se lee en la autógrafa observada.
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Decisión anticipada
Es claro el motivo principal del MEF para ir al TC: el compromiso anual del bono atenta contra la caja fiscal. Sin embargo, existen dos razones constitucionales más que hacían predecible este movimiento, advertidas por el Ejecutivo en su autógrafa observada.
La más evidente es que esta norma es retroactiva, ya que acoge a los exafiliados a la ONP que se trasladaron desde el 2002 hasta la entrada en vigencia de la ley. La otra, como bien dice el artículo 79 de la Constitución, es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto.
“Creo que el MEF tiene un caso bastante sólido. Debe quedar claro que el Congreso no puede crear gastos públicos. La decisión de migrar de sistema no siempre se toma con toda la información, no porque no esté disponible, sino porque el desarrollo personal puede ser incierto a futuro”, asegura Ferrini.
“El TC se ha convertido en una mesa de partes. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero insiste. El ministro debería ir, negociar con ellos y proponer opciones, pero no hay conversación. No hay política”, agrega Thorne.
Gestión consultó al MEF si es que, antes de ir al TC, intentaron conversar con el Congreso para modificar o derogar la ley 31729. Sin embargo, al cierre de esta edición, su área de prensa no respondió.
Desde 2021, el Legislativo ha aprobado 86 leyes que fueron observadas previamente por el Ejecutivo, incluyendo la citada en cuestión. Por eso, ahora buscan regular el mecanismo.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.