:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/345ASRV2PRCOZNZR477AVDAEKI.jpeg)
La nueva ley general de cooperativas, enviada al Congreso y pendiente de votación, beneficiará a más de 12 millones de peruanos de ser aprobada, estimó el titular del Ministerio de la Producción (Produce), Jorge Luis Prado.
Explicó que este proyecto propone generar negocios productivos que fomenten la articulación empresarial, creando economías de escala; además, de facilitar la asociatividad, contribuyendo con la competitividad de las unidades económicas que la integran; y generar desarrollo de las capacidades para la innovación.
Asimismo, el proyecto de ley busca impulsar mecanismos de financiamiento local y externo, que fomenten la expansión, solidez y descentralización de mercados, con énfasis en las zonas rurales; así como fortalecer la institucionalidad del país, garantizando con ello la organización socioeconómica de las clases más necesitadas.
De este modo, dijo que la propuesta impactará en más de 3,000 cooperativas agrarias, agroindustriales, de ahorro y crédito, pesca artesanal, entre otros, las cuales, al ser fortalecidas, darían paso a la generación de alrededor 27,000 puestos laborales formales; beneficiando de manera directa a más de 3 millones de socios y de manera indirecta a más 12 millones de peruanos (núcleo familiar de los socios).
Principales reformas
El proyecto establece el buen gobierno cooperativo y balance social, como instrumento de mejora en la gestión y fortalecimiento de los sistemas de administración y control.
También se señala el mínimo de personas para constituir una cooperativa, e incorpora el desarrollo de asambleas y sesiones no presenciales a los mecanismos ya existentes, precisando que la variación del capital no es un acto inscribible.
Además, establece el Registro Sectorial de Cooperativas a cargo de cada entidad vinculada al sector, según su competencia; e indica que los socios podrán solicitar convocar a Asamblea General en caso sus órganos de gobierno no lo realicen.
Por último, propone que se renovará, en su totalidad, a los delegados y dirigentes por periodos no menores a tres años; y las elecciones electorales se realizarán de manera presencial, no presencial y mixta. De igual manera, el Consejo de Administración puede integrarse con un consejero/a independiente, cuando lo establezca el estatuto.