:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/EGULMZ6MUFCS5LIGAZ2ZBBCZTQ.jpg)
El último 30 de octubre, el gobierno público el decreto de urgencia que declara a los medicamentos como parte esencial del derecho a la salud y garantiza su disponibilidad. Así, en la cuarta disposición complementaria de la citada norma indica que los establecimientos privados deberán garantizar la provisión de un total de 40 medicamentos esenciales genéricos bajo una multa de 2 UIT.
Y la sexta disposición complementaria anota que el Ministerio de Salud (Minsa) podrá vender genéricos al público en general.
Para Macroconsult esta medida es positiva, ya que se requiere regular un mercado que no funciona correctamente cuando se la deja actuar libremente. No obstante, alerta que el éxito de esta iniciativa dependerá su implementación y fiscalización.
Para la consultora, respecto a la disponibilidad de medicamentos genéricos en las farmacias y boticas privadas, el Minsa deberá exigir a los establecimientos que aseguren que el 100% de las personas que piden dichos medicamentos los encuentren, de forma tal que ellos determinen de manera óptima el nivel de inventarios a mantener, según su conocimiento y demanda.
En ese sentido, calificó de contraproducente ir en el sentido inverso, es decir, imponer un nivel mínimo de inventarios, ya que esto puede perjudicar a establecimientos más pequeños que potencialmente podrían salir del mercado debido a la cantidad de recursos inmovilizados por una exigencia legal.
Esto podría –advirtió– terminar elevando el precio de los genéricos. También consideró que la multa debería estar vinculada al tamaño del establecimiento farmacéutico.
“Es importante determinar el nivel óptimo de las multas, ya que en el DU se indica una única. Es fundamental considerar multas vinculadas al tamaño del establecimiento (ventas), al número de genéricos no disponibles, la reincidencia, entre otros”, anotó.
En ese sentido, sostuvo que la única forma de que se controle el cumplimiento de la disponibilidad es que el Minsa potencie su sistema de fiscalización y use el mecanismo de “cliente oculto”.
Tomando en cuenta que hasta el momento el control ha sido bastante débil, a juzgar por el poco éxito de la medida de obligar a los médicos a sugerir una sustancia activa en denominación común internacional más que una marca. Esta práctica sigue dominando.