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El Perú es un gran exportador de minerales e hidrocarburos, por lo que el Estado creó una “retribución”, llamada canon, de la que gozan algunos gobiernos locales y regionales en base a todos los ingresos y rentas obtenidas provenientes de la producción de estos recursos. El canon debería ser beneficioso para las comunidades que los reciben.
“Sin embargo, muchas veces la falta de capacitación y visión de desarrollo no les permite usar estos recursos económicos adecuadamente. Asimismo, la falta de comunicación, supervisión y presencia por parte del Estado, ha provocado el embalse de compromisos no atendidos y negociaciones insatisfechas que tarde o temprano se desencadenan en conflictos sociales”, sostiene Liseth Manrique, directora de Gema SAC.
Si bien las empresas privadas buscan el desarrollo de las comunidades locales, la especialista considera que es necesario contar con el respaldo y la presencia del Estado. “Las empresas deben convertirse en socias de la población y del Estado para lograr que los pobladores sean dueños de su destino. De esta manera lograrán mejorar su calidad de vida y el tan ansiado desarrollo sostenible, y no tener que depender de la existencia de una empresa petrolera para poder contar con servicios básicos que deberían ser provistos por el Estado”.
El canon y sobrecanon petrolero está constituido por el 12,5% del valor de la producción que obtiene el Estado por la explotación de petróleo, gas natural asociado y condensado, según la Constitución. Se reparte entre los gobiernos regionales y locales del área donde se realiza el proyecto de acuerdo con criterios de población y niveles de pobreza.
El problema
Manrique explica que uno de los grandes problemas que tiene el modelo actual es la atomización en su repartición. Un ejemplo de ello es el caso de la provincia de Requena – Loreto, donde se ubica el lote 95 de Petrotal, en el que se encuentra uno de los más importantes proyectos en producción del país.
Requena recibió el 2.9% del total de esta zona; la localidad de Puinahua, el 0.25%; Saquena, el 0.12%; Soplin, el 0.23%; y Tapiche, el 0.07% del total de S/ 2′019.764 comprometidos por concepto de canon en junio del 2020.
“Las demás localidades recibieron montos similares, lo cual implica una división en partes muy pequeñas del canon al estilo ‘picadillo’, donde nadie termina recibiendo suficiente para mejorar su calidad de vida”, revela Manrique.
El año pasado, el canon en Loreto alcanzó S/ 122 millones, mientras que en lo que va del 2020 se han recaudado S/ 37.8 millones. “Esto denota una gran caída en los montos que perciben los gobiernos locales y regionales por concepto de canon petrolero, que en el contexto del coronavirus es muy importante para contrarrestar los efectos de la paralización económica y las grandes inversiones que están pendientes en salud”, dice la directora de Gema SAC.
“La última modificación que se hizo a la Ley del Canon en Loreto data de 1994. Vale la pena preguntarse si es que ya es necesario hacer una revisión de la misma”, plantea Manrique.
La repartición
El 52% del canon en Loreto está destinado al gobierno regional, mientras que el 40% se reparte entre todos los municipios distritales y provinciales en los que se realiza la actividad petrolera. El resto se divide entre la Universidad Nacional de la Amazonía (5%) y el Instituto Peruano de la Amazonía (3%)
En Ucayali y Piura, en cambio, el 20% del canon está destinado al gobierno regional y el 70% se distribuye ente los municipios distritales y provinciales donde se realiza la actividad petrolera. “Se estima que si los municipios loretanos donde se realiza la actividad petrolera recibieran la misma proporción de canon que los departamentos ya mencionados, recibirían en promedio 30 veces más por distrito”, asegura Manrique.
Por eso, Manrique propone que el canon en Loreto se reparta como en Ucayali y Piura, así como impulsar la producción y exploración de petróleo, y dar más facilidades para realizar los trámites necesarios.
“Vale la pena preguntarse si esta gran diferencia en la distribución del canon es una más de las causas de que en Loreto estallen continuamente conflictos sociales. A la población no le llegan los beneficios de la actividad petrolera y esta reclama por la inacción del Estado y sus necesidades desatendidas. Poco tienen que perder con la paralización de una actividad que poco les provee. Los reducidos montos que representa el atomizado canon hacen que la población perciba a la actividad petrolera como ajena a las necesidades de la población y está se sienta desvinculada de sus beneficios”, apunta la especialista.
“Es necesario replantear los beneficios de la actividad petrolera para las poblaciones del ámbito petrolero. Poco pueden hacer con el canon atomizado y la baja tasa de ejecución que estas tienen. La implementación del plan de cierre de brechas es una necesidad, pero también es necesario vincular a la población con los beneficios de las actividades que les provee su territorio. De lo contrario la actividad petrolera siempre será cuestionada”, agrega.