Indecopi ha sancionado a 40 empresas por llamadas spam

Entre lo indicado se señaló que el marco legal, en el artículo 58.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ya prohíbe las llamadas reiterativas.

Pero si esto es así, ¿por qué se siguen aplicando este tipo de llamadas?

Gestión conversó con Indecopi, quien reveló que, a la fecha, ha sancionado a 40 empresas por no cumplir con la obligación de solicitar consentimiento previo al consumidor para enviarle promociones sobre productos o servicios a través de llamadas, mensajes, correos electrónicos u otros medios.

Once de estas resoluciones punitivas fueron apelados por las empresas, pero los casos fueron confirmados en segunda instancia ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

De acuerdo con la entidad, las sanciones se impusieron en los últimos cuatro años y consisten en multas por un total de 1,096.73 UIT (S/5,428,813.50).

Pese a que este monto puede parecer alto, el Código de Protección al Consumidor existe desde el 2010, por lo que en 13 años solo se habrían sancionado a 40 agentes infractores.

Al respecto, expertos han indicado en ocasiones anteriores que el Indecopi necesita mayores medios para poder fiscalizar estos casos pues, casi siempre, dependen de las denuncias de los consumidores afectados.

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Razones detrás de la falta de sanciones

Según Ana Angulo, asociada del estudio Amprimo, la falta de un mayor numero de sanciones puede deberse a dos razones.

“La primera razón puede ser que, como hay tantos temas por los que el Indecopi inicia procedimientos sancionadores, que son más sensibles para el mercado, el tema de las llamadas spam, que relativamente tiene un impacto menor, no ha sido materia de la mayoría de acciones de oficio de la entidad (iniciadas por iniciativa del Indecopi)”, explica la abogada.

Por otro lado, Angulo explica que esto también puede ser causado por una falta de denuncias por parte de consumidores.

“Iniciar una denuncia ante el Indecopi implica redactar un escrito y pagar una tasa. Las personas, que ya están sumamente saturadas, a veces no pueden realizar esto por falta de tiempo. Entonces, buscan otros mecanismos de solución y no denuncian”, recalca.

Según la abogada no existe un incentivo tan directo para los consumidores en los casos de llamadas spam, como si los hay en otros. “Si compro un producto y viene defectuoso y denuncio este hecho, se me repone con un nuevo bien. En los casos de las llamadas spam la medida correctiva será una orden por parte del Indecopi hacía a la empresa de que se abstenga de hacer más llamadas. Pero, si las sigue haciendo, tengo que volver a acudir al Indecopi, lo cual, claramente es mucho más engorroso”, comenta.

¿Qué propone el proyecto frente a llamadas spam?

El proyecto que ahora está siendo impulsado por el Congreso en insistencia, controversialmente, prohíbe todo tipo de llamadas entre las 20:00 y 07:00 horas, así como los sábados y domingos, el uso de “call centers, sistemas de llamada telefónico, envio de mensajes de texto (…) o de mensajes electronicos masivos para promover productos y servicios, así como prestar el servicio de telemercadeo a consumidor alguno”.

Esto, virtualmente, prohibiría el uso de call centers para el uso interno en el Perú, lo que, han señalado algunos, pondría en riesgo varios puestos de trabajo, ocupados mayoritariamente -según estudios- por jóvenes.

Asimismo, expertos anteriormente recalcaron que el proyecto afectaría el derecho de los consumidores a estar informados.

Sin embargo, según fuentes del sector, el problema no sería resuelto con la entrada en vigor de esta norma, aún con estas altas restricciones, puesto que el Indecopi aún tendría que iniciar procedimientos contra las empresas infractoras, como ya, en el papel, lo está haciendo hoy. En ese sentido, la solución no radicaría en las mayores restricciones, sino en un mayor apoyo al Indecopi.

Al respecto, Angulo señala que “la idea no es solucionar el problema con más normas, porque solo generas sobreregulación y, a la larga, no corriges lo que está mal. Lo que hay que hacer es hacer efectiva la normativa que ya tenemos”.

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