TPParacas anuncia que demandará al Estado tras rechazo a su apelación por el Puerto de Pisco

La empresa TPParacas anunció que tomará acciones legales contra el Estado peruano luego de que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) declaró infundado el recurso de apelación presentado por la compañía tras haber sido desaprobada su Modificatoria de un Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) para continuar con la modernización del puerto de Pisco.

“Esta decisión arbitraria se ha tomado a pesar de las contundentes evidencias de buena gestión y comportamiento empresarial demostrado, tanto en la operación como en los contenidos técnicos y compromisos ambientales propuestos, que demuestran el cuidado y preocupación que tiene la empresa por el medio ambiente”, señaló la empresa.

Al respecto, recordó que el mismo Estado que los invitó a participar de una licitación internacional, que calificó y a la que le otorgó la buena pro para realizar el proyecto de modernización del puerto. “Ahora por acciones inexplicables de alguna de sus instituciones -que deberían alentar la inversión comprometida con el cuidado del medio ambiente- nuevamente pone pretextos para obstruir, por razones ideológicas u otras menos claras, una importante inversión para el país y sobre todo para la región Ica” indicó Jorge Arce, presidente ejecutivo de TPParacas.

También señaló que el propio Estado, a través del SERNANP declaró en el Contrato de Concesión que no existían contingencias ambientales atribuibles al puerto, “por lo que esta negativa forzada, constituye un pésimo mensaje a los inversionistas”.

El proyecto de modernización del puerto General San Martín fue puesto a concurso internacional por el gobierno peruano y TPParacas obtuvo, en el año 2014, la buena pro para su ejecución. El puerto General San Martín existe desde hace más de 50 años (1969), incluso antes de la creación de la Reserva de Paracas (1975), y fue necesario recuperarlo después de haber sufrido severos daños en un terremoto ocurrido en 2007.

Por ello, el presidente ejecutivo señaló que la empresa ejercerá sus derechos legales de demandar a las personas e instituciones “que resulten responsables de esta arbitrariedad, ante las instancias locales que correspondan”. También denunciará este caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).