Telefónica queda inhabilitada para contratar con el Estado peruano

La sanción se da luego de que Telefónica brindara un servicio de conectividad al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) por un monto de S/ 100,000. “La empresa cumplió con dar de manera satisfactoria el servicio y con todas las obligaciones suscritas con dicha institución”, señaló la compañía.

En marzo de este año, Telefónica tomó conocimiento del proceso sancionador por parte del OSCE. Si bien hubo una apelación, acaba de notificarse la resolución final. La sanción surge porque una de las personas involucradas en el proyecto consignó información falsa sobre sus grados académicos, hecho que se confirmó tras ofrecer el servicio. El individuo fue retirado del proyecto y se le interpuso una denuncia penal.

Telefónica señaló que la medida no cuenta con los fundamentos adecuados que la sustenten y está evaluando acciones legales ante el Poder Judicial con la finalidad de cuestionar la decisión. Asimismo, se calificó a la resolución como desproporcionada en relación a los hechos.

Según fuentes cercanas, Telefónica del Perú ya presentó una acción de amparo que pide una medida cautelar a fin de revertir la medida del OSCE.

Además, Telefónica precisó que los contratos suscritos con las entidades públicas del Estado peruano que a la fecha se encuentran vigentes no se verán afectados y que continuará prestando los servicios contratados conforme a los términos pactados. La sanción solo impide que Telefónica pueda participar en nuevos proyectos con el Estado.

La empresa detalló a Gestión que esto genera un perjuicio a la competencia. Señaló que, entre 2021 y 2023, “la participación de Telefónica en concursos del Estado ha contribuido en alrededor del 25% debajo de los precios base de referencia, generando un ahorro de S/ 98 millones”.

En mayo del 2019 Telefónica del Perú tuvo una sanción similar, pero por un periodo de seis meses.

¿Podría revertirse la sanción a Telefónica?

Carlos Rodas, socio de Stucchi Abogados, indicó que en estos casos, de resoluciones que emiten autoridades administrativas como el OSCE, se aplica el proceso judicial contencioso administrativo. Sin embargo, este no suspende la sanción interpuesta.

El proceso podría tardar tres años, el mismo periodo por el cual Telefónica está inhabilitada para contratar con el Estado.

“La clave es la medida cautelar, que incluso se puede pedir dentro del proceso contencioso administrativo. Para que sea conveniente para Telefónica, debe solicitarse lo antes posible”, anotó el socio de Stucchi Abogados.

Agregó que otra vía es el amparo. “Ahí se defienden los derechos constitucionales, aunque su utilización es excepcional y se evaluará si es que hay otra vía satisfactoria. El riesgo es que el juez de amparo diga que la ruta idónea es el proceso contencioso para cuestionar la resolución del OSCE”.

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Otras sanciones

Este miércoles 20 de setiembre también se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Telefónica contra la a Resolución N° 216-2023-GG/ OSIPTEL.

En octubre del año pasado la Dirección de Fiscalización e Instrucción (DFI) del Osiptel comunicó a Telefónica el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por la presunta infracción de no haber entregado información de carácter obligatorio, cuyo plazo vencía el 18 de abril del 2022.

Así, mediante la Resolución N° 216-2023-GG/ OSIPTEL, notificada el 21 de junio del 2023, se resolvió en primera instancia imponer una sanción de multa de 238.8 UIT por la comisión de una infracción muy grave. A pesar de las apelaciones que realizó Telefónica, se ha resuelto confirmar la multa impuesta.

SOBRE EL AUTOR

Dagiana Peves

Licenciada en periodismo y comunicación por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con mención en periodismo televisivo. Actualmente redacto en la sección de Negocios del diario Gestión y conduzco Gestión En Vivo.