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La Corte de Casación de Francia ordenó este martes a un tribunal de apelación de París que examine de nuevo si inculpa a la cementera francosuiza Lafarge por “complicidad en crímenes contra la humanidad” por sus actividades en Siria.
El alto tribunal anuló así la decisión de esa corte de rechazar ese cargo y confirmó a su vez la acusación de “financiación del terrorismo”, en concreto de grupos yihadistas, indicó en un comunicado.
Lafarge SA está acusado de abonar en el 2013 y 2014, a través de su filial en Siria LCS, casi 13 millones de euros (US$ 15.4 millones al cambio actual) a la organización Estado Islámico (EI) y otros grupos terroristas para mantener sus actividades en un país sumido en la guerra.
El grupo, que se fusionó en 2015 con el suizo Holcim, también es sospechoso de haber vendido cemento al EI y de haber pagado a intermediarios con las facciones yihadistas para abastecerse de materias primas.
“En este caso, el pago con conocimiento de causa de varios millones de dólares a una organización cuyo fin es exclusivamente criminal basta para caracterizar la complicidad”, indicó la Corte de Casación.
En un comunicado enviado a la AFP, Lafarge SA, que siempre ha negado cualquier responsabilidad sobre el destino de estos pagos, minimizó la decisión judicial, ya que no deja entrever “en ningún caso una eventual culpabilidad”.
Junto a la cuestión de la “complicidad en crímenes contra la humanidad”, el alto tribunal también ordenó que se examine de nuevo, por otros magistrados, la decisión de mantener el cargo de “poner en peligro la vida de otros”.