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En medio del Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios suscrito por Aenza -ex Graña y Montero- con la Procuraduría Pública Ad Hoc en setiembre de 2022 por el caso “Club de la Construcción” e investigaciones de corrupción en diferentes obras, la empresa publicó su Política de Dividendos. Así, aun cuando la constructora debe pagar una reparación civil al Estado peruano por los daños ocasionados, podrá repartir estos beneficios, pero bajo ciertas condiciones.
De esa manera, la Junta General de Accionistas de Aenza podrá acordar la distribución de dividendos con cargo a las utilidades obtenidas o reservas de libre disposición, una vez aprobados los estados financieros auditados anuales, y considerando la propuesta que formule el Directorio de la firma.
“La forma, modo y oportunidad de pago de los dividendos será definida por la Junta General de Accionistas o por el Directorio en caso de delegación, para lo cual tomarán en cuenta la situación de liquidez de la sociedad y el equilibrio financiero de la misma”, explicó la empresa.
Asimismo, la Junta General podrá acordar la distribución de dividendos adicionales a los acordados por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de cada año y podrá delegar en el Directorio la facultad de aprobar el reparto de dividendos a cuenta.
Sin embargo, los criterios para la distribución de dividendos van más allá de la situación de liquidez de la compañía. En cualquier caso y de forma obligatoria, se deberá observar las restricciones y compromisos de sus contratos de financiamiento y, especialmente, del Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios suscrito por Aenza con la Procuraduría Pública Ad Hoc, el 15 de setiembre de 2022.
Así, en su Política de Dividendos, la empresa indica que no se podrá repartir estos beneficios hasta que se haya cancelado al menos el 40% de la reparación civil. Superado ese porcentaje, por cada sol o dólar destinado al pago de dividendos, deberá amortizar en igual cantidad el pago de la reparación civil.
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El Acuerdo de Colaboración y la reparación civil
A través del referido acuerdo, Aenza reconoció que la antigua Graña y Montero junto con sus dos subsidiarias GyM y Concar, así como parte de sus exejecutivos, cometieron delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura (Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3 y otros).
De igual manera, admitió que dichas compañías participaron en los procesos de selección o concursos públicos de 48 obras, para dar la apariencia de competencia en el esquema del denominado “Club de la Construcción”, según la Procuraduría Pública Ad Hoc.
En ese sentido, Aenza asumió la obligación de colaborar con la justicia aportando información y pruebas de relevancia penal para todas las investigaciones relacionadas a las obras que forman parte del convenio, incluyendo el caso “Club de la Construcción”.
Asimismo, la compañía se comprometió a pagar al Estado peruano alrededor de S/ 480 millones de reparación civil en un plazo de 12 años, por los daños ocasionados en los referidos 16 proyectos de infraestructura y las otras 48 obras.
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Caen ventas de Aenza
Las ventas consolidadas de Aenza llegaron a S/ 850.1 millones en el primer trimestre del 2023, cayendo así en 7.6% frente al mismo periodo del 2022. Por negocios, las ventas del área de energía aumentaron por la mayor producción de petróleo.
En el área de infraestructura, las ventas se incrementaron principalmente por la mayor ejecución de servicios de mantenimiento de UNNA Transporte y Survial. Sin embargo, este resultado fue contrarrestado por el menor volumen de producción en los proyectos en ejecución en el área de ingeniería y construcción, y la menor entrega de unidades de viviendas de interés social y tradicionales en el área Inmobiliaria.
Por su parte, la utilidad bruta consolidada de la empresa aumentó 91.6% en el primer trimestre del 2023, debido principalmente al negocio de energía por el incremento en la producción de petróleo.
En tanto, el backlog (proyectos y contratos) consolidado (US$ 1,400 millones) más los negocios recurrentes (US$ 905 millones) suman en total US$ 2,305 millones al primer trimestre del 2023. Del total del backlog, US$ 711.1 millones se ejecutarán durante el 2023, US$ 465.1 millones durante el 2024 y US$ 223.8 millones en el 2025.