La prescripción del médico y las recomendaciones del químico farmacéutico o sus dependientes deben responder exclusivamente a razones terapéuticas y no a acuerdos entre laboratorios y las cadenas de farmacia -que en algunos casos estarían vinculados-, u a otros fines ajenos a la salud del paciente, señaló Carlos Zúñiga, presidente de la asociación de consumidores Elegir.
Para conseguir ello, indicó que existe la necesidad de potenciar el reglamento de intercambiabilidad de medicamentos publicado en setiembre último, el cual norma procedimientos para la realización y homologación de estudios de bioequivalencia (similitud y biodisponibilidad) de medicinas, condición indispensable para saber si un medicamento es igual a otro en términos de principios activos y efectos terapéuticos.
“Hoy, el médico te receta un nombre y especifica su su principio activo. El asunto está en que, cuando vamos a la farmacia, suelen recomendarnos otros productos de marca o genéricos que, aunque tienen el mismo componente principal, ni siquiera su químico farmacéutico tiene la información para saber si van a actuar de la misma manera en nuestro cuerpo, problema que se acentúa debido a que en en el punto de venta ni siquiera conocen las particularidades de nuestro historial médico” advirtió el presidente de Elegir.
Añadió que solo a través de la aplicación obligatoria de dicho reglamento al grueso de medicamentos comercializados, el consumidor y los puntos de venta contarán con esa información indispensable para determinar sustitutos o alternativas de medicamentos que nos son prescritos.
También manifestó su indignación para con los laboratorios que pretenden impedir la existencia de esta necesaria información pese a la urgencia de contar con ella, observando el reglamento de intercambiabilidad de medicamentos en lo referente a las entidades que se tomarán en cuenta para validar los estudios, lo que en la práctica implicaría tener menos opciones bioequivalentes.
“En Chile empezaron este proceso ya hace cinco años y para el 2020 recién contarán con el 66% de sus medicinas con bioequivalencia. En Perú, el reglamento aplica solo para un grupo mínimo de medicinas y ni siquiera está vigente aún y regirá desde marzo de 2019", acotó.
En ese sentido, subrayó que la necesidad de contar con esta información es tan urgente que, si en otros países ya han avanzado esos estudios, el Perú debe recogerlos y ganar tiempo.
“Claro, esto probablemente esté asustando a algunos laboratorios porque, con bioequivalencia, el consumidor va a descubrir que el producto que pretendían venderle no era realmente un sustituto”, aseveró.
En la misma línea, Zúñiga señaló que en los puntos de venta de medicamentos deben ocurrir dos cambios inmediatos: el transparentar con los consumidores cada vez que una alternativa ofrecida provenga de algún laboratorio con el que mantiene algún tipo de vínculo societario o comercial, y el cese de los incentivos económicos a sus dependientes, por parte tanto de laboratorios como de las propias cadenas en donde laboran, para inducir la compra de ciertos medicamentos.
“Ese modelo por el cual al dependiente es premiado por empresas por realizar ‘cambiazos’ de medicamentos recetados por otros más caros o vinculados a la empresa que otorga los incentivos se llama ‘La Canela’ en Chile y es una práctica que ha sido prohibida hace años. Allí, pese a que están mucho más avanzados en este tema de bioequivalencia, aún salvaguardan el tratamiento recetado por el médico, cosa que es nuestro país simplemente no ocurre”, dijo.
Zúñiga subrayó que esa falta de protección existe pese a que el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos en su artículo 49 prohíbe que los dependientes induzcan la compra hacia un medicamento en particular, pero no establece una sanción específica.
“Esto debe ser mejor normado, porque si un dependiente recibe un incentivo, es muy probable que la información que nos brinde no solo responda a criterios terapéuticos y esto va en contra de nuestro tratamiento”, advirtió.
Mientras se avanza en la bioequivalencia, recomendó que los consumidores deben exigir a los médicos que les prescriban más de una alternativa en cuanto a marcas.
“En estricto, el punto de venta no nos debe cambiar el producto recetado y, en el caso de los medicamentos que no requieren receta, las cadenas deben informarnos de todas las opciones posibles, no solo con las que tienen algún tipo de vínculo, que debe ser transparentado durante la compra”, concluyó.