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La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha puesto en una situación muy complicada, no solo la economía de una gran parte de trabajadores y sus familias, sino también a un buen grupo de empresas, al ver menguada su actividad comercial, producto de las medidas restrictivas de movilidad y reapertura económica.
Durante el estado de emergencia, hubo empresas que para mantener su operatividad y no despedir trabajadores, tuvo que adecuar los salarios, en algunos casos haciendo rebajas temporales y en otros de manera permanente.
Para la Comisión de Trabajo del Congreso de la República como actualmente ya se ve una recuperación de la economía, lo que viene generando un incremento de los puestos de trabajo, se requiere proteger al trabajador para evitar reducciones de sueldo.
Es por ello que tienen listo para debatir un predictamen que solo tiene dos artículos. El primero de ellos es prohibir a los empleadores reducir las remuneraciones económicas de los trabajadores a su cargo, mientras dure el estado de emergencia nacional para enfrentar el COVID-19.
Es decir, ni las empresas del sector privado, ni las entidades del sector público podrían reducir los ingresos de sus trabajadores, así estén en problemas económicos.
Infracción y adecuación
El segundo artículo, es el que busca calificar como infracción “muy grave” al incumplimiento de esta prohibición por parte de las empresas, conforme a la Ley General de Inspección del Trabajo. En el caso de tratarse de entidades públicas se aplicará la normativa vigente.
Adicionalmente, se establece que el Poder Ejecutivo tendrá que adecuar el Decreto Supremo 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, dentro de un plazo 30 días hábiles desde la vigencia de la ley, para que se puedan aplicar las sanciones correspondientes.
Razones
En el predictamen de la Comisión de Economía, entre las razones para justificar la norma se señala que “hay una tendencia de aumento del empleo laboral debido al resurgimiento de las actividades económicas y comerciales que poco a poco se están asentando en la coyuntura actual”.
“El hecho de no regular esta prohibición equivaldría a permitir que los empleadores puedan reducir las remuneraciones económicas de los trabajadores cuando al mismo tiempo se está recuperando nuestra economía e incluso la inflación”, señala el documento.