Claudia Cooper: Políticas aliadas de la actividad minera

La percepción del país y su potencial para desarrollar inversiones no variará de la noche a la mañana. La caída en 10 posiciones del Perú en el ranking de competitividad del Instituto Fraser (al puesto 34 de 77 economías) responde a años de desentendimiento y a nuestra incapacidad política para aplicar normas y reglas claras que estimulen el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

Más de 2000 líderes empresariales de todo el mundo han participado en este estudio y sus apreciaciones coinciden con análisis previamente desarrollados en materia de competitividad. En setiembre de 2019, el Índice de Competitividad Minera (ICM), desarrollado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y Macroconsult, posicionó al Perú en el penúltimo lugar de una muestra de siete países mineros que compiten por inversiones: Australia, Canadá, Chile, Colombia, México y Sudáfrica.

Tanto en el ICM como en el informe del Instituto Fraser, Perú presenta desventajas en aspectos como sistema legal, acceso a la tierra, carencia de base de datos geológica, regulación laboral, inestabilidad política y conflictividad social. Si sólo consideramos recursos minerales, en el caso del ICM, el país estaría ubicado en tercera posición. Y es que contamos con una vastedad de minerales, pero, como sociedad, se nos está haciendo muy difícil poder aprovecharlos. A un observador externo le podría parecer que el Perú le tiene miedo al progreso.

En el último año no nos ha ido bien, la exploración es de aproximadamente US$ 400 MM (la mitad que hace 10 años) y las inversiones en exploración minera cayeron 31% en el país, cuando en el mundo, por efectos de la pandemia, la caída en promedio fue de 11%. Estos resultados no son casualidad.

En el Perú se exigen más trámites, los plazos son más largos e intervienen más instituciones que el estándar internacional. Los plazos y complejidad de los procesos para obtener permisos son especialmente sensibles en la etapa de exploración debido a su impacto en el costo de los proyectos.

En lo tributario, el litigio y la fiscalización reemplazan a la recaudación como el objetivo principal. El Estado prioriza la asesoría legal para la elaboración de las normas (su aplicación y fiscalización) y las empresas la utilizan masivamente para defenderse de ellas. No es de extrañar pues que, en los últimos 30 años, hayamos construido un lenguaje lleno de tecnicismos legales que nadie entiende y una frondosidad normativa que no hace más que incrementar la ya enorme distancia entre Estado y contribuyentes.

Recuperar la imagen de un país confiable tomará tiempo. Necesitamos urgentemente alcanzar consensos sobre el rol de la minería para el desarrollo nacional. Desde el sector privado, estamos fomentando, con energía y entusiasmo, espacios de debate en Rumbo a PERUMIN. No debemos escatimar esfuerzos para generar un entorno de mayor aceptación hacia nuestra minería y así poder contar con políticas que fomenten su competitividad.