Asociación de Colegios Privados: dictamen busca devolver el ejercicio del derecho de cobranza

El vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, Luis Morales Sandoval, sostuvo que estas instituciones educativas recuperarían el ejercicio de su derecho de cobranza, si se aprobara en el Pleno del Congreso el dictamen de la Comisión de Educación que plantea la separación de los alumnos que deban dos meses de pensión consecutivos o tres meses discontinuos.

“En el país hay una brecha educativa que es de S/ 100 millones. Ante esta realidad, lo que queda es fortalecer la educación privada, sin embargo, la ley de protección a la economía familiar ha devenido en un abuso de derecho del padre de familia y lo que este dictamen busca es devolver algo que ya se tenía en los colegios privados, porque en el 2002, los colegios privados a los dos meses (impagos) podían ejercer su derecho de cobranza, pero un decreto en el 2006 cambió esto”, explicó Morales en Exitosa.

Dicho dictamen indica que, transcurridos dos meses consecutivos o tres meses discontinuos de pensiones impagas, la institución educativa privada estará facultada para requerir, vía notarial, al padre de familia, tutor o apoderado del estudiante, el cumplimiento de su obligación en un plazo máximo de 30 días calendario.

“Si un padre de familia no paga durante un año, el próximo año el colegio tiene la potestad de no matricularlo, dice el dictamen. Lo que se está buscando allí es evitar que sucede lo que ocurre ahora, porque en la actualidad puede deber los 11 años”, expresó.

El vicepresidente del gremio precisó que el dictamen no establece por cuántos meses de incumplimiento durante un año se puede negar la matrícula del año escolar siguiente. “Los colegios privados estamos en el mercado porque tenemos que demostrar eficiencia. Mal haríamos nosotros en prescindir de un buen cliente, pero aquí se está llegando a los extremos, a un padre de familia que te adeuda un año”, añadió.

El dictamen, que cuenta con el respaldo de seis bancadas, también propone crear un registro de deudores en el portal del Estado.

Asimismo, según indicó, se establecen otros cambios administrativos en las instituciones educativas, que favorecen a los estudiantes y padres de familia, como la devolución de las cuotas de ingreso cobradas a los padres de familia y la obligatoriedad de informar de incrementos en la matrícula hasta el 30 de noviembre previo al inicio del año escolar.