Pablo de la Flor: "La minería en 2019 deberá afrontar la conflictividad y la burocracia"

En la actualidad, el Perú posee una cartera de 49 proyectos mineros. El reciente anuncio sobre la construcción de Quellaveco, con más de US$5 mil millones en compromisos de inversión, marca para los expertos en el sector el inicio de una nueva ola de apuestas, a las que se sumaron el inicio de trabajos en proyectos como Mina Justa y la ampliación de Toromocho. No obstante, para Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el país debe superar dos retos que podrían poner en peligro ese escenario, que promete conservar el dinamismo hasta el año 2021, debido a la estabilidad en el precio del cobre. El primer desafío es la tramitocracia, como es llamado, a la falta de velocidad del sector público por tramitar las iniciativas del sector privado en términos de inversiones. El segundo, la conflictividad, que pone en peligro la puesta en marcha de megaproyectos que contribuyen al desarrollo del país.

¿Cómo le irá al sector minero en el año 2019?
La inversión minera crecerá 19% este año y otro 23% en el 2019, el ritmo más alto desde el 2011, según estimaciones del MEF. Entre el 2020 y el 2022, su crecimiento anual llegaría a 11% en promedio, gracias a que continuará la construcción de grandes proyectos y comenzará la de otros de mediana envergadura. Como consecuencia de estas iniciativas, se espera un incremento anual de 3,5% en el PBI minero en el período 2019-2022.

¿Cuáles son los problemas que identifica para ejecutar el resto de la cartera de proyectos?
Este panorama auspicioso podría serlo aún más, si logramos superar los obstáculos que actualmente inhiben la implementación de una serie de iniciativas de envergadura hoy paralizadas: burocracia y conflictividad. Para entender la magnitud de la oportunidad que tenemos frente a nosotros, basta considerar que, si fuéramos a ejecutar los 26 proyectos cupríferos en cartera, duplicaríamos nuestra producción, generando además US$2.900 millones en impuestos adicionales cada año. Este incremento en la recaudación alcanzaría para construir 7.300 km de nuevas carreteras, elevar en 32% el presupuesto educativo, duplicar las inversiones en saneamiento o aumentar los gastos en salud casi 50%.

¿Qué políticas se podrían implementar para reducir la burocracia y la lentitud estatal?
Resulta perentorio desmontar la pesada carga tramitocrática que en la actualidad obstaculiza y ralentiza la inversión. Se requiere eliminar procedimientos y autorizaciones innecesarias, que lejos de agregar valor lo sustraen. No se trata de relajar estándares socioambientales, sino de incorporar una cuota de racionalidad administrativa y lógica en los procesos y requerimientos. La SNMPE ha desarrollado una agenda simplificadora que apunta a resolver los principales cuellos de botella que las empresas enfrentan. Buena parte de esas medidas podrían ser priorizadas en la mesa ejecutiva minera que en breve convocará el MEF.

¿Y cómo resolver un problema tan complejo como la conflictividad?
Gran parte del problema guarda relación con la frustración generada por la ausencia del Estado y la persistencia de importantes brechas en materia de acceso a servicios y bienes públicos básicos en las zonas donde se desarrollan los proyectos. Para revertir esa situación, necesitamos afianzar el canon y asegurar que los recursos transferidos (casi S/40 mil millones en la última década) lleguen a las comunidades y se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población. Las empresas, por su parte, vienen adoptando una nueva forma de comunicación y relacionamiento con su entorno, enfoque recogido en la campaña Minería de Todos, recientemente lanzada por el gremio.

¿En qué consiste este programa?
Es un espacio de diálogo permanente sobre la actividad. En la práctica, vamos a localidades relacionadas con la actividad minera a escuchar las opiniones, inquietudes, dudas y críticas de la población. El primer paso de esta campaña fue la iniciativa ‘*Casa Abierta*’, espacio que, siguiendo el formato de una muestra informativa libre, sirvió para escuchar a nuestros visitantes en las ciudades de Arequipa, Cajamarca, Chalhuahuacho, Huamachuco y Tambobamba. Estas casas se abrieron por dos semanas durante los meses de marzo a mayo, registrándose más de 5 mil asistentes, que dejaron unos 2 mil comentarios en nuestros murales de expresión y cerca de 700 preguntas por escrito.

¿Esta iniciativa reducirá la conflictividad?
Lo que va a mitigar la conflictividad es una acción real del Estado por perfeccionar el funcionamiento del canon minero, a fin de asegurar que este contribuya de manera eficaz a cerrar las importantes brechas sociales que arrastramos. Durante la última década se han transferido más de S/40.000 millones a las regiones productoras, sin que el uso de esos recursos haya estado aparejado de avances determinantes en la provisión de servicios y bienes públicos de calidad, sobre todo en beneficio de las comunidades de los distritos más apartados. Revertir dicha situación sin duda ayudará a mitigar la conflictividad social que muchas veces se constituye en el principal obstáculo para la actividad minera.

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