Un tribunal federal en Texas volvió a colocar el tema de la censura literaria en el centro del debate nacional. La llamada “Ley READER”, que imponía a libreros y editores la tarea de clasificar las obras según su contenido sexual, ha sido declarada inconstitucional. En esta nota explicamos en qué consistía la norma, quién la demandó y cuáles pueden ser las implicaciones para la educación y la libertad de expresión en el estado.
La decisión judicial, emitida por un juez federal en Waco, responde a las múltiples impugnaciones presentadas contra el Proyecto de Ley 900 (HB 900) aprobado en 2023. Este buscaba restringir qué libros podían estar disponibles en las bibliotecas escolares públicas de Texas. La medida, impulsada por el representante estatal Jared Patterson y apoyada por legisladores conservadores, fue calificada como un intento de censura encubierta por editores, docentes y activistas. Con este fallo, el tribunal reafirma los límites que impone la Primera Enmienda frente a políticas que pretenden controlar el acceso a la literatura.
La Ley READER (Restricting Explicit and Adult-Designated Educational Resources Act) obligaba a las librerías y editores a clasificar los libros vendidos a escuelas públicas según su nivel de “contenido sexual”. Las categorías incluían “sexualmente explícito”, “sexualmente relevante” o “sin restricción”.
Esta disposición fue considerada por muchos como una carga imposible de cumplir. Librerías, editoriales y asociaciones educativas afirmaron que la ley imponía un control moral subjetivo sobre una actividad protegida por la Constitución. Además, otorgaba a la Agencia de Educación de Texas la autoridad de cambiar las clasificaciones hechas por los distribuidores, lo que, en la práctica, significaba una forma de veto estatal.
El juez Alan D. Albright, magistrado del Distrito Oeste de Texas, con sede en Waco, indicó que la Ley READER viola la libertad de expresión y de prensa garantizadas por la Primera Enmienda. En su fallo, sostuvo que exigir a los proveedores de libros la clasificación de cada título según su contenido sexual equivalía a una restricción previa de publicación y creaba un sistema de censura indirecta.
La sentencia también destaca que el Estado no puede delegar en empresas privadas la responsabilidad de aplicar criterios subjetivos para decidir qué materiales son aptos para estudiantes. De esta forma, se hizo permanente una orden judicial preliminar emitida por un tribunal inferior y confirmada por el Quinto Circuito de Apelaciones.
Las consecuencias de la norma habrían sido considerables. Librerías y editoriales con contratos con el sistema educativo habrían tenido que revisar miles de títulos, con riesgo de sanciones por errores o discrepancias con la clasificación estatal.
Según la abogada Laura Lee Prather, del bufete Haynes Boone, que representó a los demandantes, la ley “habría limitado el acceso a la literatura, incluidas obras clásicas, para los estudiantes de todo Texas”.
El fallo supone un alivio para las bibliotecas escolares, que ahora podrán mantener colecciones sin temor a represalias políticas. Sin embargo, el debate continúa en el terreno legislativo.
El representante Jared Patterson, autor de la medida, declaró en su cuenta de X que está “profundamente decepcionado” y que impulsará un nuevo proyecto, el SB 412, que busca responsabilizar penalmente al personal escolar que permita material “explícitamente dañino”.
Entre los demandantes figuran la librería BookPeople de Austin, la editorial American Booksellers Association, la Authors Guild y varias bibliotecas escolares. Argumentaron que la ley imponía censura, violaba el debido proceso y creaba un entorno hostil hacia la literatura juvenil, en especial obras relacionadas con diversidad sexual o temas sociales contemporáneos.
El tribunal coincidió en que la ley era vaga, arbitraria y carente de normas claras sobre qué constituye “material sexualmente relevante”.
Contenido GEC