Conocer y entender los cambios legales que se producen en Florida resulta esencial, ya que no es suficiente con notar que algo ha cambiado. Estos ajustes pueden tener efectos concretos para quienes residen en el estado, poseen propiedades o mantienen negocios allí.
Y es que en este mes de octubre entró en vigor un nuevo paquete de leyes que cubre desde temas de justicia penal hasta protección animal, vivienda, tecnología, salud mental y regulaciones empresariales.
Si eres inmigrante legal o no, lo más seguro es que tengas que saber cuáles son con la finalidad de evitar contratiempos o malos entendidos con la justicia. Como sabemos, a veces puede ser un tanto complicado entender las normativas y más si estás en un país ajeno al tuyo. En ese sentido, ahora te presentaré cuáles son esas nuevas ordenanzas que no debes pasar por alto.
Esta norma modifica el código penal para que ciertos actos de huir o evadir a agentes sean clasificados con mayor severidad. Además, elimina en ciertos casos el requisito de que los vehículos policiales exhiban insignias para que la persecución califique como delito más grave.
Se tipifican como delitos más severos acciones como usar luces prohibidas, modificar, cubrir o alterar placas de matrícula, y fabricar o vender dispositivos para ocultarlas (por ejemplo “flippers”).
Quien interfiera o manipule dispositivos de monitoreo (como brazaletes), puede recibir sanciones que dependerán del tipo de delito original. Si la persona ya estaba bajo libertad bajo fianza, la revocación de esa libertad puede ser automática.
Cuando alguien abandona la escena de un choque que solo generó daños materiales, el tribunal ahora puede ordenar que el responsable cubra la reparación o restitución correspondiente.
Conocida también como “Ley de Trenton”, esta norma endurece sanciones para quienes cometen homicidio vehicular bajo la influencia (o navegación bajo influencia), especialmente si ya tienen antecedentes. Además, hacer caso omiso a una prueba legal (respirar o de orina) puede ser penalizado criminalmente, incluso en la primera vez en ciertos casos.
Se añade un agravante más para que los jurados puedan considerar la pena de muerte si el delito ocurrió en circunstancias específicas, como cuando la víctima estaba reunida con otros para actividades escolares, religiosas o gubernamentales.
Esta ley prohíbe poseer o distribuir imágenes sexuales explícitas sin consentimiento, así como crear material alterado digitalmente (deepfakes) con fines sexuales o de acoso. Se otorgan mayores sanciones y también apertura para demandas civiles por parte de las víctimas.
Se elimina cualquier defensa basada en que “no sabías la edad” o “pensaste que era mayor”. Además, se amplía la definición de captación o atracción hacia menores para incluir que el delito puede ocurrir fuera de edificios, casas o vehículos.
Establece sanciones penales para quienes amenacen o intimiden jueces, fiscales, personal de tribunales u otros funcionarios en el contexto de sus funciones oficiales.
Se eleva la penalidad por uso ilegal de drones: sobrevolar infraestructuras críticas, portar armas con drones o distribuir imágenes ilícitas queda más prohibido. La norma también define “instalación crítica” y regula excepciones en vigilancia autorizada.
Actualiza el sistema de registro, imponiendo que los ofensores informen empleos, teléfonos laborales y direcciones de trabajo. Los depredadores deben someterse a revisiones de domicilio más frecuentes: hasta cuatro veces al año.
Se endurecen las penas cuando el acoso cibernético tiene fines de lucro o cuando se reincide. También se amplía el período para que estos delitos puedan ser perseguidos y permite que las víctimas demanden por daños.
Para quienes ya han sido condenados por delitos sexuales y nuevamente cometen uno, la ley impone sentencias mínimas obligatorias sin que los jueces puedan flexibilizar según el caso.
Cuando servicios de comunicación o infraestructura obstaculicen derechos de vía u obras públicas, esta ley obliga a su reubicación y crea un fondo estatal para reembolsar esos costos.
Propietarios, desarrolladores e incluso administradores de parques de casas móviles deben informar sobre historial de inundaciones o riesgos. Si no lo hacen, el inquilino puede rescindir el contrato o recibir reembolso de pagos adelantados.
Se tipifica como delito grave el hecho de dejar o abandonar un animal atado o sujeto durante emergencias naturales. Penas que pueden alcanzar hasta cinco años de cárcel y multas de hasta US$10,000.
Introduce mecanismos para que quienes tienen enfermedades mentales puedan acceder a programas de desvío judicial en lugar de prisión. También da fondos para capacitaciones al 911, atención médica y expansión de tribunales especializados.
Crea un nuevo delito capital para casos donde se trafica con menores de 12 años o personas mentalmente incapacitados para explotación sexual, con posibilidad de cadena perpetua o pena de muerte.
A partir del 1 de octubre de 2025 se deroga el impuesto estatal sobre arrendamientos comerciales (conocido como “business rent tax”), lo que representa un alivio fiscal para empresas que alquilan locales u oficinas comerciales.
Contenido GEC