Una jueza federal en Washington, D.C., Dabney L. Friedrich, permitió temporalmente que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comparta datos fiscales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), generando alarma entre organizaciones proinmigrantes.
El acuerdo, firmado el 7 de abril de 2025, autoriza el cruce de información entre ambas agencias, lo que podría facilitar el rastreo y procesamiento de personas indocumentadas que pagan impuestos usando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).
En Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados pueden pagar sus impuestos federales y estatales, a través de su ITIN, como una muestra de respeto a las leyes fiscales y demostrar “buen carácter moral”. Los indocumentados han pagado un total de US$89.8 mil millones en impuestos, de acuerdo con un análisis de American Immigration Council (AIC), que resalta además que no tienen derecho a importantes reembolsos tributarios.
El fallo responde a una demanda presentada por el Public Citizen Litigation Group y otras organizaciones comunitarias, que advirtieron que esta colaboración podría derivar en deportaciones masivas, afectando a quienes han cumplido con sus obligaciones tributarias.
“La decisión del tribunal se basa en la declaración del gobierno de que no utilizaría los datos para apoyar una agenda de deportación masiva”, explicó Nandan Joshi, abogado principal del caso.
A pesar de que el tribunal estableció que la información solo puede usarse para respaldar procesos penales y no civiles, como los de deportación, los demandantes temen que ICE cruce ese límite. “El DHS y el ICE deben explicar cómo evitarán que esta información se utilice indebidamente”, reclamaron desde Raise the Floor Alliance. El Congreso Hispano también presentó un amicus curiae para frenar el acuerdo.
Rudy Espinoza, director de Inclusive Action for the City, advirtió que la política de la administración Trump busca aterrorizar a trabajadores y empresarios inmigrantes. “No cederemos y usaremos todas las herramientas legales para proteger a nuestras comunidades”, expresó, sumándose al rechazo del fallo judicial, al igual que Somos Un Pueblo Unido y el Centro de Trabajadores Unidos.
Gabriela Ibáñez Guzmán, abogada de Somos Un Pueblo Unido, denunció que este acuerdo podría romper la confianza entre los contribuyentes inmigrantes y las instituciones fiscales del país. “Durante años han declarado sus ingresos al IRS y este acuerdo ilegal busca destruir esa relación”, afirmó. Su organización planea continuar la batalla legal.
Aunque por ahora el intercambio de datos no ha comenzado, el fallo representa un precedente preocupante para las comunidades migrantes. Activistas y abogados aseguran que estarán vigilantes ante cualquier intento de ampliar el uso de esta información más allá de los límites legales. “No seguiremos viviendo en la sombra”, declaró Ana Guajardo, del Centro de Trabajadores Unidos, quien pidió responsabilidad al gobierno federal.
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