La gira por Medio Oriente ha dejado en claro que Estados Unidos se prepara para cambiar, por primera vez en 40 años, su avión presidencial, el Air Force One. Durante su visita oficial a Doha, capital de Qatar, el presidente Donald Trump se reunió con el emir Tamim bin Hamad Al Thani para fortalecer las relaciones bilaterales y firmar varios acuerdos estratégicos. Sin embargo, lo que más ha generado controversia es el anuncio de que Trump aceptará un avión de lujo valorado en US$400 millones, un gesto que ha levantado serias dudas sobre su constitucionalidad.
Trump afirmó que aceptará el Boeing 747-8 modificado que sería donado por el reino de Qatar para convertirse en el nuevo Air Force One. El mandatario aseguró que el proceso se lleva a cabo de forma “transparente” y conforme a la ley.
Según reportó The New York Times, el Departamento de Defensa y los abogados de la Casa Blanca revisaron el caso y concluyeron que no se viola la Constitución de EE.UU. ni las leyes federales, siempre y cuando la aeronave sea transferida formalmente al gobierno estadounidense, y posteriormente a la Biblioteca Presidencial Trump tras su segundo mandato.
Sin embargo, expertos legales cuestionan el procedimiento. Daniel Weiner, abogado del Brennan Center for Justice y exasesor de la Comisión Federal de Elecciones (FEC), advirtió que esta transferencia podría implicar una violación de la Cláusula de Emolumentos de la Constitución, especialmente si la propiedad del avión recae, eventualmente, en una fundación vinculada a Trump.
“Esta situación no tiene precedentes. La Constitución impide que un presidente acepte regalos de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso. La posibilidad de que el avión quede a disposición de Trump tras su mandato es éticamente preocupante”, dijo Weiner, citado por La Opinión.
Históricamente, los regalos de líderes extranjeros a mandatarios de EE.UU. han sido transferidos al gobierno federal y, en casos excepcionales, exhibidos en museos o bibliotecas presidenciales. La familia real catarí, por su parte, ha negado que se trate de un “regalo directo”.
Trump ya había impulsado la modernización del Air Force One durante su primer mandato, ordenando la construcción de dos Boeing 747-8 por un total de US$3,900 millones. Sin embargo, ese proyecto enfrenta un retraso de al menos cinco años, y se estima que no estará listo antes de 2029.
La Constitución de Estados Unidos, en su Artículo I, Sección 9, Cláusula 8 —conocida como la Cláusula de Emolumentos— prohíbe que cualquier funcionario del gobierno federal acepte “regalos, emolumentos, cargos o títulos de cualquier tipo por parte de un rey, príncipe o estado extranjero” sin el consentimiento del Congreso.
Si el avión de Qatar fuera considerado un regalo personal a Trump como individuo o expresidente, sin autorización legislativa, podría constituir una violación directa a esta cláusula.
El avión será adaptado por la empresa L3Harris Technologies, que ya firmó un contrato para convertir el jet catarí en una aeronave presidencial con capacidades avanzadas. Incluirá:
Mientras tanto, la polémica sigue creciendo. Grupos opositores señalan posibles conflictos de interés y señalan que este caso podría reabrir el debate sobre la transparencia y la legalidad de los obsequios a altos funcionarios de EE.UU.
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