Wendy Ortiz, una migrante salvadoreña de 32 años, residente en Pennsylvania, quedó atónita al recibir una notificación oficial: debía pagar una multa de US$1.8 millones por vivir sin documentos en Estados Unidos. Su historia, marcada por la violencia doméstica en El Salvador y la crianza de su hijo autista —ciudadano estadounidense—, ahora enfrenta un nuevo desafío: un castigo financiero casi imposible de asumir.
“¿De dónde voy a sacar tanto dinero?”, se preguntó Ortiz, quien trabaja por US$13 la hora en una empacadora de carne.
Esta situación no es aislada. De acuerdo con un informe de Reuters, más de 4,500 inmigrantes han recibido avisos de sanciones por un total de US$500 millones bajo una política reactivada por el presidente Donald Trump, que impone multas de hasta US$998 por cada día de permanencia ilegal tras una orden final de deportación. Estas penalidades pueden aplicarse de forma retroactiva por hasta cinco años, alcanzando cifras como la que recibió Wendy.
Las multas millonarias a migrantes en EE.UU. forman parte de una política federal para forzar salidas voluntarias, la llamada autodeportación. Según abogados de inmigración entrevistados por Reuters, estas notificaciones han llegado también a personas que:
Un abogado en Nueva York describió cómo una de sus clientas, también de bajos recursos, recibió una multa igual a la de Ortiz: US$1.8 millones. “Pensé que era un error o una estafa”, dijo. Pero era completamente real.
Mientras tanto, agencias como CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) están explorando formas de ejecutar incautaciones de bienes de quienes no puedan pagar, aunque los detalles aún están en desarrollo.
Rosa, ciudadana estadounidense, cuenta que su esposo hondureño recibió una multa de US$5,000 porque no pudo salir del país, luego de que a ella le detectaran en 2018 cáncer de útero. Aún intenta apelar. “Este proceso ha sido devastador en todos los sentidos”, comenta.
Los abogados temen que estas medidas solo compliquen la situación de miles de migrantes que, lejos de estar ocultos, han intentado regularizar su situación, cuidar a sus familias o incluso han solicitado asilo legalmente.
“Es madre de un niño autista, no tiene antecedentes penales y tienen toda su información”, comentó Rosina Stambaugh, abogada de Ortiz. “Me parece una locura total”.
La ley federal utilizada para justificar estas sanciones data de 1996, pero apenas se aplicó hasta el gobierno de Trump. Aunque Joe Biden eliminó estas multas durante su administración en 2021, la actual administración ha reactivado el mecanismo con más severidad.
Los migrantes afectados tienen 30 días para apelar por escrito, bajo juramento y con evidencia, explicando por qué no deberían recibir la multa. No obstante, el miedo y la falta de recursos legales hacen que muchas personas no puedan presentar defensa adecuada.
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