Abraham Siles y Mónica Rosell rechazaron integrar el pleno de la Junta Nacional de Justicia
Abraham Siles y Mónica Rosell rechazaron integrar el pleno de la Junta Nacional de Justicia

, el presidente de dicha institución, , convocó a los miembros suplentes  a fin de que ocupen dichos cargos.

Así lo hizo saber en un comunicado, tras solicitarle a ambos abogados que, por la urgencia del tema, se sirvan contestar sobre su disponibilidad hasta el día de hoy.

Al respecto, tanto Siles como Rosell hicieron saber al titular de la JNJ que rechazan asumir una de las plazas vacantes dentro de la institución.

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En un oficio enviado a De la Haza, Siles calificó la medida adoptada por el TC de “arbitraria e inconstitucional”.

“No estoy disponible para ocupar una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional, en un contexto de grave deterioro democrático y cuando parece estar en curso un plan de sometimiento de las instituciones constitucionales autónomas que deben velar por la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia”, señaló en el documento.

Añadió que toda esta situación viene configurada por la “intervención del TC, que viola de modo flagrante la Carta Fundamental, de la cuál es el guardián último”.

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“Al invalidar en la práctica la protección cautelar concedida por el Poder Judicial a dos magistrados titulares de la JNJ en un proceso de amparo, el TC afecta la esencia misma de la jurisdicción constitucional, desvirtuando su propia razón de ser como órgano de cierre del sistema constitucional peruano”, añade Siles en su carta.

Cuestiona al Congreso

En otro extremo de su oficio, el abogado cuestionó al Congreso al señalar que esta institución se encuentra “devastada por intereses mezquinos” y “penetrado por organizaciones delictivas”.

Finalmente, remarcó que le corresponde al Poder Judicial ejercer sus potestades y dirimir el conflicto entre la JNJ y el Parlamento.

Respecto a Rosell, el diario El Comercio informó que rechazó la convocatoria de la JNJ debido a que actualmente se desempeña como presidenta del Tribunal de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República.

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