Con árbitro, perdemos

Lo mejor que puede hacer un Estado con los arbitrajes internacionales es evitarlos. Pero en años recientes, el Perú se ha vuelto “caserito” de estas instancias. El último laudo arbitral corresponde a un proceso iniciado por Kuntur Wasi S.A. a raíz de la decisión del Gobierno de Martín Vizcarra, el 2018, de resolver el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Ese contrato, bajo la modalidad de asociación pública-privada (APP), fue suscrito el 2014, en el Gobierno de Ollanta Humala.

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Como suele suceder en este tipo de controversias, hubo muchas entidades estatales involucradas, incluida la Fiscalía, y una serie de desacuerdos en cuanto a los costos del proyecto, problemas de financiación y demoras. Pero la decisión de un Gobierno de desconocer lo suscrito por uno anterior, desprestigia al país y genera arbitrajes. Generalmente, los gobiernos nacionales son los que provocan dichos procesos, pero esa costumbre se ha extendido a niveles subnacionales, como la Municipalidad de Lima (MML).

Hasta hace pocos años, uno de los argumentos que el Perú esgrimía para atraer inversión extranjera para grandes obras de infraestructura pública era la estabilidad jurídica en el país, sustentada en los acuerdos que desde los años 90 el Estado había suscrito, tanto bilaterales como multilaterales, en especial con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que es una agencia del Banco Mundial, además de los tratados de libre comercio (TLC), que incluyen capítulos sobre tratamiento de inversiones, incluida la solución de controversias.

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El consorcio Kuntur Wuasi presentó su demanda ante el Ciadi. En vista que tiene capitales argentinos, el proceso tuvo en cuenta el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) vigente con Argentina desde 1996. Pese a que el laudo arbitral rechazó la mayoría de las reclamaciones de la empresa, el Estado deberá indemnizarla con US$ 61.2 millones. Según Ojo Público, el Perú ha afrontado 43 procesos ante el CIADI desde 1998, solo superado por Argentina y Venezuela en Sudamérica.

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Con respecto a la MML, hay que recordar que forma parte del Estado peruano y el arbitraje que acaba de perder frente a Lima Expresa, por US$ 46 millones, es una obligación que deberá honrar. La empresa es filial de Vinci Concessions, multinacional francesa. El Perú tiene un APPRI con ese país, además del TLC con la Unión Europa, de modo que no será nada fácil ignorar el laudo arbitral. Y luego tenemos el riesgo de un arbitraje con Cosco Shipping. A ver si lo evitamos.