Ese miércoles 12 de noviembre, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó una medida histórica destinada a controlar los alquileres. La noticia no pasó desapercibida: después de todo, muchas familias llevan años esforzándose mes a mes para conservar un hogar en una ciudad donde la renta sigue subiendo sin freno. Hablar del costo de vida en Los Ángeles, al final, siempre nos devuelve al mismo punto: el precio de tener un techo propio.
Sé lo difícil que es navegar estos temas entre cifras, ordenanzas y declaraciones, pero esta vez la decisión tiene un impacto real y masivo. Estamos hablando de una modificación legal que no se tocaba desde hace cuatro décadas, y que ahora promete traer algo de alivio a cientos de miles de personas que dependen del mercado de vivienda en la ciudad.
El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó reducir los incrementos anuales de renta en las viviendas cubiertas por el programa de Estabilización de Alquiler. Esta decisión afectará a alrededor de 650,000 unidades construidas antes de 1978, un número enorme si pensamos en la cantidad de familias que dependen de estos hogares.
Con 12 votos a favor y dos en contra, los concejales dieron luz verde a que los aumentos se limiten a un máximo del 4%, dependiendo de la inflación anual medida a través del índice de precios al consumidor. Como explicaba Lina Sullivan, de la organización de inquilinos SAJE, ahora ese cálculo se basará en el 90% de la variación inflacionaria, moviéndose entre el 1% y el 4%.
Esta nueva normativa entra en vigor desde junio del próximo año y se cree que beneficiará a miles de familias, incluyendo las inmigrantes que son quienes más han estado padeciendo con este tema en las últimas décadas.
Uno de los puntos que más me llamó la atención —y con el que muchos inquilinos se identifican— es la eliminación del incremento adicional del 1% al 2% que los propietarios aplicaban cuando el alquiler incluía servicios como la luz o el gas. Para quienes viven al límite mes a mes, esos porcentajes marcan una diferencia enorme.
Sullivan también recordó algo importante: estas protecciones no aplican para casas unifamiliares ni para construcciones más nuevas. Aun así, la medida representa un alivio significativo para una buena parte de quienes viven bajo el sistema de renta estabilizada.
La nueva ordenanza también elimina el aumento que se aplicaba por cada persona adicional que se mudara a la vivienda, siempre y cuando fuera dependiente del arrendatario. Es algo que muchas familias venían pidiendo, sobre todo en hogares donde hijos adultos o familiares necesitaban regresar por razones económicas.
Hasta ahora, los incrementos anuales bajo el programa de control de renta en Los Ángeles estaban entre el 3% y el 8%, más un 2% adicional si la unidad incluía servicios. La propuesta original que se discutía pedía un aumento fijo del 3% anual, pero finalmente los concejales la ajustaron para permitir el límite de 4% dependiendo de la inflación.
Como era de esperarse, no todos quedaron satisfechos. La Asociación de Apartamentos de Los Ángeles advirtió que esta medida podría obligar a muchos propietarios —especialmente los llamados mom and pop, pequeños dueños de inmuebles antiguos— a reducir reparaciones en sus unidades. También argumentaron que podría frenar la construcción de nuevas viviendas y empeorar la crisis habitacional.
Jesús Rojas, representante del gremio, insistió en que cerca del 70% de los propietarios son pequeños arrendadores que enfrentan altos costos de mantenimiento.
Contenido GEC