El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinada a las familias de menos ingresos, podría reducir la cantidad de beneficiarios que tiene debido a unas propuestas de la Cámara de Representantes, Senado y hasta de los gobiernos de cada estado que buscan ser más estrictos al momento de su selección.
Actualmente hay debates y análisis respecto a lo que podría suceder en cuatro estados en los próximos meses, pues muchas familias se quedarían sin este beneficio que se ha convertido en algo ya acostumbrado al momento de hacer sus compras de todas las semanas o meses, dependiendo el caso particular de cada una de ellas.
Si bien esta medida es muy criticada en Estados Unidos, principalmente por quienes serían los afectados, todo parece que los autores de dichas propuestas harán lo necesario para su aprobación, pues consideran que es lo mejor, así que solo es cuestión de tiempo para esperar a ver qué sucede con ello.
Existe mucha preocupación por lo que podría ocurrir ahora, ya que en febrero la Cámara de Representantes de Kentucky votaron para implementar una prueba de activos financieros. El ingreso bruto se reduciría del 200% del nivel federal de pobreza al 130% y se encuentra en revisión por parte del Comité de Desarrollo Económico Turismo y Trabajo del Senado estatal.
Si bien en esta zona no se han propuesto cambios en sí para los requisitos, sí sucedería para los productos que se puedan adquirir. Y es que se planea que se prohíba ciertos artículos, como la venta de bebidas azucaradas, con la intención de que las personas no tengan enfermedades relacionadas y se conviertan en individuos más saludables.
El senador Ben Hansen ha propuesto que los solicitantes al programa tengan que inscribirse a un programa de trabajo y capacitación si es que no están empleados. Si bien era algo que se consideraba voluntario, con esta propuesta podría convertirse en un requisito obligatorio.
Sucede algo similar con el caso anterior, pues se considera que todos los adultos sanos deban estar trabajando para tentar por este beneficio. Hasta el momento, solo los adultos sanos sin dependientes que tengan entre 18 y 52 años están obligados a hacerlo.
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