Inmunidad de arresto y procesamiento
Inmunidad de arresto y procesamiento

Por Roberto Pereira Chumbe

Como parte de la denominada “reforma política” el Poder Ejecutivo se ha propuesto modificar la inmunidad parlamentaria, esto es, la protección constitucional de la que gozan los congresistas -  también alcanza a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo - que impide que puedan ser juzgados o privados de su libertad por la comisión de delitos comunes, sin la autorización del Congreso de la República o del Pleno del Tribunal Constitucional tratándose de los magistrados de esta institución.

Según Roberto Pereira Chumbe, socio de Benites, Vargas & Ugaz Abogados, el Poder Ejecutivo plantea que la autorización ya no la haga el Congreso sino la Corte Suprema. La reacción del Congreso ante este planteamiento y sobre todo ante el anuncio del Presidente de someterlo a referéndum, fue eliminar la inmunidad parlamentaria, alterando además el sistema de protección funcional del Presidente de la República y de los ministros de Estado.

Ambas posturas, sin embargo, no logran afrontar solventemente las dos cuestiones esenciales involucradas en la discusión: la necesidad de impedir que los congresistas eludan injustificadamente la acción de la justicia por la comisión de delitos comunes; y a la vez eliminar o minimizar la posibilidad de que la justicia penal sea utilizada con motivaciones políticas para afectar la buena marcha del Congreso de la República, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

¿Existe alguna alternativa a las posturas planteadas por el Ejecutivo y el Congreso de la República? En esta entrega se plantean algunas ideas al respecto.