. El concepto de Financial Distress se utiliza en la investigación sobre el comportamiento financiero, pare medir la "angustia" o (a falta de una mejor traducción) los "apuros" financieros que sufre una familia ante su incapacidad para hacer frente de manera adecuada a sus obligaciones financieras periódicas.

Se trata de una condición que enfrenta un elevado porcentaje de las familias y que se encuentra típicamente asociada a restricciones de liquidez disponible, que se manifiestan en la incapacidad o por lo menos dificultad relevante, para enfrentar sus compromisos de pago.

En la mayoría de los casos, esta condición se deriva de una combinación entre y, más relevante, de la contratación de un endeudamiento excesivo en relación con la capacidad de pago. Frecuentemente, la presión se deriva de haber seleccionado, a veces de manera forzada, mecanismos o vehículos de endeudamiento de condiciones poco favorables, lo que aumenta la presión sobre el flujo disponible en el tiempo.

Otra condición que normalmente contribuye a la generación de ese "apuro" financiero se refiere a episodios coyunturales que absorben una parte del gasto del ingreso disponible y que consecuentemente ponen una presión extra y que puede manifestarse en gastos no planeados excesivos (como por ejemplo fiestas familiares) o, con frecuencia, episodios relacionados con accidentes o temas de salud, que merman el ingreso disponible o provocan la contratación de deuda de corto plazo no planeada.

En el estudio Targeted Debt Relief And The Origins Of Financial Distress: Experimental Evidence From Distressed Credit Card Borrowers (Alivio Dirigido a la Deuda y los Orígenes del Apuro Financiero), de Will Dobbie y Jae Song, publicado este mes en el National Bureau of Economic Research, se trató de analizar dos condiciones que típicamente utilizan las empresas como mecanismos para apoyar a las familias a restructurar deudas de corto plazo como son las tarjetas de crédito.

Se trata de acciones que se llevan a cabo, no con un puro afán de auxilio, sino reconociendo que es preferible asumir una reducción relativa de la deuda a que el cliente caiga en una situación de total impago.

Los dos modelos típicos que se utilizan son: en primer término, esquemas de reducción de corto plazo que disminuyen los montos de pago mensual, y, en segundo lugar: la reducción del monto total del endeudamiento en la parte final del mismo.

Típicamente, se considera que los apoyos asociados a una reducción en el corto plazo de los montos de servicio a la deuda tienen una mejor recepción y resultados, porque ayudan a disminuir la presión existente en falta de liquidez de corto plazo.

Sin embargo, el estudio mencionado probó que, analizando la conducta futura de las familias, estadísticamente se muestra un mejor comportamiento futuro con las acciones enfocadas en la reducción del monto de endeudamiento futuro.

Lo anterior puede llevarnos a suponer que, cuando encontramos un mecanismo que nos resuelve (aun cuando sea parcialmente) la obligación de corto plazo, a través de la reducción de los pagos de servicio a la deuda, no se provoca un cambio en la conducta de largo plazo del deudor, que lleve a una mejor planeación financiera.

En cualquier caso, las familias deben aprovechar los mecanismos existentes que les permitan reducir la presión sobre su liquidez de corto plazo, pero siempre con el objetivo último de crear condiciones para una administración más sana de su endeudamiento total.

Las familias que logran mantener un control adecuado de sus niveles de endeudamiento y de la proporción de su liquidez mensual que destinan al pago de servicio de la deuda son, en el mediano y largo plazo, las que más pueden asegurar su bienestar financiero futuro.

Diario El EconomistaRed Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)