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Precios de viviendas subirían hasta en 12% de aprobarse propuesta de Marisa Glave

Iniciativa propone a los desarrolladores inmobiliarios destinar al menos 8% de la oferta de viviendas para atender la demanda de quienes resulten afectados por fenómenos naturales.

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La Asociación Independiente de Inmobiliarias (AII), alertó que una propuesta legislativa -que ya fue aprobada en primera votación- y que plantea quelos desarrolladores inmobiliarios reserven al menos el 8% de la oferta de viviendas en sus proyectos para atender la demanda de quienes resulten afectados por fenómenos naturales, aumentaría el precio de las viviendas hasta en 12%.

La propuesta de la congresista Marisa Glave (Ley Nº 1112-2016) -en opinión de este gremio- dejaría sin el sueño de la casa propia toda vez que elevaría el precio de las viviendas y reduciría drásticamente la oferta de vivienda social.

La iniciativa, agrega la asociación, pretende establecer medidas para la generación de suelo urbano a fin de reasentar a la población afectada por desastres naturales, dispone que menos el 8% de todo proyecto habitacional que se construya en cualquier parte del país, se reserve para atender la demanda de vivienda de familias afectadas por estos daños.

“Esta iniciativa ignora que ya existen mecanismos legales como el Bono de Reforzamiento Estructural y el Bono para Reconstrucción de Viviendas, que otorgan subsidios entre S/ 12,000 y S/60,000  para beneficiar a familias afectadas por desastres tanto para construir su vivienda en el mismo lugar como para adquirir una nueva en algún proyecto multifamiliar”, añade.

El análisis de la propuesta legislativa, revela que se elevaría los  entre 7% y 12%. Por ejemplo, un departamento que en San Miguel ahora cuesta S/.369,000 pasaría a costar S/. 395,000; en Collique pasaría de S/.180,000 a S/. 200,000; en La Victoria subiría de S/. 360,000 a S/ 401,000 y en el distrito de Chorrillos donde hoy cuesta S/. 287,000 se elevaría hasta los S/.309,000.

Viviendas sociales en problemas

Asimismo, la Asociación Independiente de Inmobiliarias, advirtió que de aprobarse en segunda votación esta iniciativa legislativa, reduciría en 14% la oferta actual de vivienda social, toda vez que al elevarse su valor ya no calificarían dentro de los parámetros establecidos por Mivivienda, impactando de forma directa en miles de familias que ya no podrán ingresar al beneficio del Bono del Buen Pagador.

Añade que además bloquearía el acceso a los préstamos hipotecarios para las familias más pobres, debido a que con el alza promedio de 27 sueldos mínimos en el valor de las viviendas ya no calificarían como sujetos de crédito en las entidades financieras, condenándolas a la informalidad.

La propuesta además desalienta de forma directa las inversiones, y según los primeros cálculos, el impacto negativo llegaría a los US$ 8,000 millones en los próximos cinco años, lo que significaría que 160,000 obreros de construcción se queden sin trabajo y 480,000 trabajadores de actividades asociadas se verían gravemente perjudicados.

Para evitar todas estas pérdidas económicas y sociales, sobre todo a las familias que buscan acceder a una vivienda, el Congreso debería acoger el texto sustitutorio ya presentado al Pleno que propone que dicho “aporte” mínimo del 8% de unidades se aplique sobre los proyectos inmobiliarios que se desarrollen en terrenos estatales, tal y como lo señalan los artículos 4º y 5º de dicho proyecto de ley.

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