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La ley publicada hoy establece el marco legal para la atención de la solicitud de información que los herederos formulen, a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), sobre la existencia de depósitos u otros productos pasivos a nombre de sus causantes en las empresas financieras.
La finalidad es que puedan reclamar los derechos hereditarios que les corresponden y, para ello, los herederos deberán presentar ante la SBS su DNI y acreditar su condición de tal mediante la declaratoria de herederos o el testamento correspondiente.
El rechazo de la solicitud de atención de información por no haber cumplido o subsanado la presentación de los requisitos, no impide iniciar una nueva solicitud acompañando la documentación exigida, precisa la norma.
Las empresas financieras están obligadas a brindar esa información a requerimiento de la SBS para su entrega a los solicitantes. El procedimiento para la remisión y la entrega de la información será establecido por la SBS.
Las empresas y los funcionarios de la SBS que accedan a la información en cumplimiento de la ley deben mantener la reserva de ella, haciéndose responsables de revelar la información a terceras personas.
La entrega de la información en virtud de los alcances de dicha norma no está comprendida dentro del secreto bancario, precisa la ley.
Asimismo, el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, así como de la reserva de la información protegida por el secreto bancario, será sancionado por la SBS conforme al cuadro de infracciones y sanciones que establezca en sus normas pertinentes.
La SBS tiene un plazo de 30 días hábiles contados a partir del 15 de enero para dictar las normas necesarias que le permitan adecuarse a la misma.
Sin embargo, el 2 de enero la SBS ya había puesto a disposición el servicio de emisión de la Constancia de Depósitos que permitirá a los herederos, debidamente acreditados, acceder a la información sobre los depósitos u otros productos pasivos que sus familiares fallecidos pudieran mantener en las empresas del sistema financiero, lo cual ahora tiene rango de ley.