Es común que alguna empresa, con la que nunca te contactaste, te llame al celular o al fijo para ofrecer sus productos o servicios. Y, más común, que al rechazar la oferta, insista hasta el cansancio. ¿Quién le dio tu número telefónico? ¿Quién le autorizó a que te llamen? ¿Alguna ley regula estos abusos?

Muy pronto habrá una respuesta, y no solo a estas preguntas, sino a todas las interrogantes sobre el uso de la información de las personas (teléfonos, redes sociales, correos electrónicos, historias clínicas, etc.), cuando entre en vigencia la , que se basa en el consentimiento y responsabilidad del cliente.

"Toda información relativa a una persona se le conoce como un dato personal. Entonces, el sentido de la ley es que toda esta información personal no sea usada indiscriminadamente sin el consentimiento de una persona. Salvo que se establezcan determinadas excepciones por razones de seguridad pública, como la investigación de un delito", explica el abogado , socio del estudio Hernández y Cía. Abogados.

La norma implica que toda empresa o persona que trabaje con información deberá facilitar su base de datos (incluyendo el consentimiento de los titulares)al regulador: La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia.

"Este flujo de información ha tomado una tremenda importancia económica para fines de marketing, por ejemplo, para llegar más eficiente a determinados públicos objetivos. Pero el mayor uso implica peligro de mala utilización y vulnerabilidad del derecho a la intimidad o privacidad", advirtió.

La percepción aclaró es que ciertos sectores como retail se verán más afectados, pero la norma es transversal. "La idea no es impedir el flujo de información, sino evitar delitos como suplantación de identidad. El mercado actualmente está autorregulado", indicó.

MultasLas sanciones detalló Cavero son de hasta 10 UIT (S/.36 mil) por cada falta, es decir, si el incumplimiento es repetido los costos para las empresa pueden ser "significativamente altos".

Datos:-La ley fue promulgada en julio del 2011, pero necesitaba una serie de pasos para su implementación efectiva. El reglamento debería publicarse en los próximos meses.