:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/DG3KJP4AM5GOTP2YG7DVTYCCJU.jpg)
(Bloomberg).- Si una reguladora del gobierno de Estados Unidos se sale con la suya, a los bancos de Wall Street les podría resultar muy difícil persuadir a alguien de que asuma su dirección.
Christy Goldsmith Romero, la inspectora general especial del Programa de Alivio de Activos Problemáticos (TARP, por sus siglas en inglés), quiere que el Congreso exija a los CEO de los mayores bancos de Estados Unidos que suscriban un compromiso anual en el que se declara que ningún fraude civil o penal ocurrió durante su mandato.
Si tras enterarse de que hubo fraude en sus bancos, los ejecutivos todavía deciden firmar el compromiso, podrían enfrentar más fácilmente consecuencias como ir a prisión.
Ese compromiso eliminaría ostensiblemente la protección, en la que los altos ejecutivos tradicionalmente se amparan, de que pueden no saber qué pasa en niveles más bajos del banco, y facilitaría a las autoridades probar un intento de delito en caso de conductas inapropiadas, según la propuesta de Romero. Es poco probable que un Congreso dividido apruebe un enfoque tan agresivo.
"No permitiéndole más estar 'en la oscuridad', una certificación de delito y fraude obligan al CEO a estar 'en conocimiento"', dijo Romero. "No se puede permitir que el delito y el fraude pasen sin un control en nuestras mayores entidades".
La oficina de Romero, que se creó en primera instancia para supervisar cómo se administraban los fondos provenientes de rescates y que ha investigados delitos en compañías que obtuvieron dinero del TARP, también pretende que más ejecutivos sean responsables por la crisis financiera y otras acciones ilegales.
El organismo ha enfrentado "importantes dificultades" para demostrar intentos de delito de altos ejecutivos de los mayores bancos de Estados Unidos, afirmó Romero, en parte porque los CEO de Wall Street no tienen ningún incentivo para identificar delitos y fraudes civiles en su banco.
Ocho años después de la crisis financiera, muchos votantes aun responsabilizan a los principales bancos de Estados Unidos de sus dificultades económicas y siguen molestos de que no haya más ejecutivos en la cárcel.
El tema de la responsabilidad de los máximos ejecutivos de los bancos ha resurgido como una alta prioridad para algunos legisladores luego que Wells Fargo & Co. acordara pagar US$ 185 millones en setiembre para resolver acusaciones de que empleados suyos habrían abierto cerca de 2 millones de cuentas sin conocimiento de los consumidores.
El escándalo llevó a su CEO, John Stumpf a renunciar al banco y a más de US$ 41 millones en compensación, pero legisladores entre los que se incluye la senadora Elizabeth Warren han señalado que él también debería ser procesado penalmente.
"Los ejemplos de una cultura de Wall Street impulsada por los dólares sin importar las consecuencias son demasiado conocidos", afirmó Romero. "Deberíamos dejar de permitir que los líderes de Wall Street se resguarden de la justicia".