Ante la escasa oferta laboral en determinados sectores y la saturación de algunas carreras profesionales, el Estado debe crear un banco de información, con el apoyo del sector privado, para dar a conocer de manera clara y transparente cómo se encuentra el referido panorama a los jóvenes que optarán por la educación superior.

Así lo sostuvo la presidenta de , María Isabel León de Céspedes, quien también es miembro de la . "Lo que no se puede hacer es dirigir o prohibir la elección de determinadas carreras por considerar que ya están saturadas", añadió.

Al ser consultada sobre cómo implementar las nuevas carreras que el mercado demandará en un futuro, León de Céspedes comentó que la citada se encuentra trabajando en la preparación de encuestas con la finalidad de que los distintos gremios informen a la sociedad cuáles son los requerimientos de mano de obra para los próximos años.

En esa misma línea, explicó que los procedimientos para contar con las carreras demandadas por el sector productivo atraviesan un proceso burocrático. En este contexto, detalló que se necesita presentar programas de carreras experimentales al , y luego obtener la autorización correspondiente, lo cual demora un periodo de uno o dos años, a pesar de que la norma señala que el plazo debería ser de 60 días.

Una vez implementada la carrera, debe ofrecerse información sobre la misma al público, así como promover el interés de los jóvenes hacia campos nuevos y poco conocidos, según , quien, además, resaltó la importancia de informar sobre estas demandas laborales.

Deficiencias en la educación secundariaLeón de Céspedes argumentó que el denominador común de los alumnos que ingresan a los es la falta de conocimiento para realizar cálculos matemáticos. También se halla deficiencias en cuanto a la interpretación de lectura y fórmulas de estudio.

Frente a este escenario, consideró que las escuelas deben enseñar a pensar, investigar y profundizar; mas no a llenar un formato de examen de admisión. Una fórmula enseñada por los mal llamados colegios preuniversitarios, enfatizó.

En palabras de la especialista, el Estado debe garantizar y supervisar la calidad educativa que se ofrece en instituciones públicas y privadas.