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Zúrich (Reuters).- En respuesta a años de acusaciones de corrupción, Suiza está a punto de aprobar una serie de leyes conocidas como "Lex FIFA", que endurecerán la supervisión del ente rector mundial del fútbol y de los cerca de 60 organismos deportivos con sede en Suiza.
De esta manera, la privilegiada existencia en Suiza de algunas de las mayores organizaciones deportivas del mundo y sus máximos ejecutivos, como Joseph Blatter, presidente de la FIFA, podría estar llegando a su fin.
La primera de las nuevas leyes, que podría ser aprobada por el Parlamento el próximo viernes, trataría a Blatter y a otros altos ejecutivos como el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, como "personas políticamente expuestas", un término legal usado para definir a quienes ocupan cargos que podrían ser utilizados para lavar dinero.
Esto obligará necesariamente a aumentar el escrutinio financiero a los funcionarios deportivos, porque los bancos suizos están legalmente obligados a garantizar que los fondos no provienen de un origen sospechoso antes de aceptarlos.
La campaña para aumentar el control de los grandes organismos deportivos es liderada desde 2010 por el legislador Roland Buechel, preocupado por los titulares negativos referidos a estas organizaciones, que pueden dañar la imagen de Suiza.
Al ser asociaciones sin ánimo de lucro, las instituciones deportivas pagan menos impuestos que las corporaciones del sector privado. Este estatus legal coloca a la FIFA, que declaró casi 1.400 millones de dólares en ingresos el año pasado, al mismo nivel que, por ejemplo, los proyectos comunitarios.
Al mismo tiempo, funcionarios de Zúrich reconocen que la FIFA crea cientos de empleos e impulsa el turismo con eventos como la gala del Balón de Oro, que el año pasado reunió a las estrellas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la ciudad.
Sin embargo, la opinión pública suiza es cada vez más dura con la FIFA y su compatriota Blatter. El 95 por ciento de los que participaron en una reciente encuesta online del diario 20 Minuten dijo que debería aceptar la responsabilidad de los recientes escándalos y dimitir.
"Ha empezado a ser algo vergonzoso, es muy malo para el país y no es necesario", dijo el parlamentario Buechel a Reuters.
El primer test será el 12 de diciembre, cuando se espera que los legisladores aprueben la ley que define a los altos cargos deportivos como personas políticamente expuestas.
La segunda prueba para la Ley FIFA es someter estas instituciones a las nuevas leyes contra el lavado de dinero elaboradas por el Grupo de Acción Financiera, con sede en París.
El proyecto pasará entonces a comisión y será debatido en el Parlamento el próximo año. Aunque cuenta con el apoyo del Gobierno, es improbable que entre en vigor antes de 2017.