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(Washington: AFP).- El sistema de control de los compradores de personales en tiene "debilidades", sobre todo en lo que atañe a la actualización de la base de datos, señala este miércoles un informe del servicio de inspecciones del departamento de Justicia.

Según una ley de 1993, un vendedor de homologado por las autoridades federales debe pedirle al potencial cliente que llene un formulario y luego transmitir por teléfono o internet esos datos a un organismo nacional especializado.

Esa oficina dependiente del verifica los antecedentes judiciales y psiquiátricos del comprador antes de autorizar la transacción. Esos controles son normalmente realizados en pocos minutos, pero pueden durar hasta tres días si fuera necesario.

El informe del departamento de Justicia divulgado el miércoles destaca que "cualquier error en el proceso puede tener consecuencias trágicas, como demuestra el tiroteo de la iglesia de Charleston en junio de 2015".

Dylann Roof, un blanco racista que mató a balazos a nueve fieles de una iglesia negra de esa ciudad de Carolina del Sur, no debió, tal como demostró la posterior investigación, haber sido autorizado a comprar un arma porque había sido detenido antes con drogas. El , falto de antecedentes penales, dejó pasar los tres días de plazo máximo que tiene para prohibir que se le venda un arma a un comprador.

Si el impide a un comprador adquirir un arma, éste tiene la posibilidad de apelar y el caso es automáticamente trasladado a la Oficina de Alcohol, Tabaco, de Fuego y Explosivos, un poderoso organismo federal, conocido por su acrónimo ATF.

Ahora bien, dice el informe, si el y la ATF están en desacuerdo sobre los criterios que permiten considerar que una persona eludió la justicia, eso lleva a veces a a la ATF a autorizar las compras de , en contra de la opinión del . Así, unas 2,183 transacciones se realizaron de esa forma entre noviembre de 1999 y mayo de 2015.

Cada día mueren en alrededor de 90 personas por disparos de de fuego.

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