(Foto: Bloomberg)
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La primera ministra británica Theresa May emergió de 10 Downing St. y subió a un podio con aire grave. La noche anterior, el 3 junio, tres terroristas a bordo de una camioneta habían arrollado peatones en el Puente de Londres y atacado a personas en el cercano Borough Market con cuchillos de 30 centímetros (12 pulgadas). Ocho personas murieron y 48 resultaron heridas.

Luego de expresar sus condolencias a los familiares, May responsabilizó a dos fuerzas de la matanza de la noche anterior: la ideología extremista islámica y los medios sociales estadounidenses.

“No podemos darle a esa ideología el espacio seguro que necesita para crecer, pero eso es precisamente lo que proporcionan internet y las grandes compañías que brindan servicios de internet”, dijo.

Si bien otros gobernantes europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron y la alemana Angela Merkel, también han criticado a los medios sociales por no mantener a los extremistas al margen de sus plataformas, May ha ido más allá. Su gobierno ha hecho de la crítica a Facebook, Twitter y YouTube una constante de su retórica luego de una serie de atentados terroristas en los últimos 12 meses.

La retórica de May coincide con la caída de la reputación de las compañías tecnológicas a ambos lados del Atlántico, impulsada por revelaciones sobre el uso que hizo Rusia de medios sociales para interferir en la elección presidencial de Estados Unidos, así como por cuestiones antimonopólicas e indignación ante el empleo por parte de las compañías de complejas estructuras en el exterior para evadir impuestos.

Sin embargo, al convertir a las grandes empresas tecnológicas en el Enemigo Público Número Uno se corre el riesgo de alejar a las mismas firmas cuyo apoyo la inteligencia y la policía británicas necesitan para repeler las amenazas terroristas, dijo el abogado Max Hill, supervisor independiente del gobierno de la legislación sobre terrorismo.

“Me cuesta ver cómo podría ayudar que nuestro parlamento penalizara a los directivos de compañías tecnológicas que ‘no hacen lo suficiente’”, dijo en julio durante una conferencia. “Hay que incorporar con fuerza” a las compañías tecnológicas, dijo, “no expulsarlas”.

Alan West, un miembro de la Cámara de los Lores que se desempeñó antes como asesor del entonces primer ministro Gordon Brown, se cuenta entre los políticos y especialistas en seguridad que dicen que el gobierno de May ataca a las compañías de medios sociales porque su propia estrategia de lucha contra el terrorismo no ha funcionado.

El programa británico de lucha contra la radicalización, llamado Prevent, apunta a detectar personas con opiniones extremistas y conectarlas con intervención para evitar que cometan actos terroristas. Sin embargo, Salman Abedi, que en un atentado suicida con explosivos dejó un saldo de 22 muertos en un concierto en Manchester en mayo, no estaba registrado en Prevent, según la policía.

De 7,631 derivaciones a Prevent en 2015 y 2016, solo se tomaron medidas en uno de cada 20 casos, según un informe del Ministerio del Interior difundido a principios de noviembre.