Peligra caso por asesinato de 4 nativos ambientalistas

Han transcurrido más de tres años desde la muerte de Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quinticima pero los culpables “siguen sin enfrentar cargos e incluso han continuado con sus amenazas al pueblo de Saweto que los denunció”, dijo en un comunicado Rainforest Foundation.

Rainforest Foundation alertó que faltan cinco días para que finalice el plazo de tres años que tiene la fiscalía para acusar a los supuestos asesinos pero que aún no se ha terminado la investigación.
Rainforest Foundation alertó que faltan cinco días para que finalice el plazo de tres años que tiene la fiscalía para acusar a los supuestos asesinos pero que aún no se ha terminado la investigación.

La búsqueda de justicia en un caso emblemático por el asesinato de cuatro indígenas ambientalistas que denunciaban la tala ilegal en la Amazonía de Perú podría quedar archivado por el deficiente trabajo de la fiscalía, afirmó el martes un grupo estadounidense que representa a las víctimas.

Han transcurrido más de tres años desde la muerte de Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quinticima pero los culpables “siguen sin enfrentar cargos e incluso han continuado con sus amenazas al pueblo de Saweto que los denunció”, dijo en un comunicado Rainforest Foundation.

El crimen ocurrió en septiembre de 2014 en la remota comunidad de Alto Tamaya Saweto, ubicada en la región Ucayali y cerca de la frontera con Brasil. El hecho se produjo poco antes de una conferencia global climática de Naciones Unidas en Lima donde las autoridades peruanas consideraron al caso como una prioridad.

Rainforest Foundation alertó que faltan cinco días para que finalice el plazo de tres años que tiene la fiscalía para acusar a los supuestos asesinos pero que aún no se ha terminado la investigación. “Esto podría archivar y cerrar el caso sin acusación fiscal”, dijo Margoth Quispe, abogada de la organización.

La agrupación ambientalista denunció que la fiscalía “no cumplió con la investigación para generar evidencia suficiente para acusar a los presuntos implicados. A pesar de contar con testigos, evidencias e informes de las diligencias practicadas por la policía en apoyo al fiscal, la fiscalía todo este tiempo vino argumentando no tener los recursos suficientes para obtener la evidencia necesaria para proceder con su función”.

El fiscal contra el crimen organizado de la región Ucayali a cargo del caso, Julio Reátegui, dijo por teléfono a The Associated Press que hasta ahora solo conocen los apodos de 12 presuntos sospechosos y apenas tienen identificado a un implicado. “A esa persona identificada la vamos a acusar”, dijo.

Reátegui agregó que se presume que narcotraficantes mataron a los indígenas porque éstos realizaban denuncias por tala ilegal “y al hacerlo llamaban la atención de la policía, entonces indirectamente afectaban a los narcos que siguen esa ruta para llegar a Brasil”.

El fiscal añadió que tampoco tiene “muchas pruebas materiales del caso porque los cadáveres fueron hallados después de 10 días de asesinados en el medio del bosque y solo encontramos osamentas”.

Tom Bewick, gerente de programa para Rainforest Foundation que ha trabajado por años con comunidades indígenas en Latinoamérica, dijo a AP que lo ocurrido en Saweto es una muestra de “los problemas y amenazas de muchas comunidades de la Amazonía que están enfrentando en este momento a taladores de madera y a narcotraficantes que operan con total impunidad por la falta de presencia de Estado”.

Según el Banco Mundial, 80% de la madera exportada desde Perú proviene de la tala ilegal, el más rentable de los delitos ambientales en el mundo. El país pierde unos 1.550 kilómetros cuadrados de bosque por año y posee la segunda extensión más grande de tierras amazónicas después de Brasil.

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