Ministerio Público investigará contratación del Comando Conjunto a la empresa Global CST

La fiscalía actuará ante la denuncia de la Contraloría General por presunta comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible, malversación de fondos y falsificación, en contrato con firma israelí.

(Foto: USI)
(Foto: USI)

La Fiscalía especializada en delitos de corrupción formalizó una denuncia penal contra altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y funcionarios del Ministerio de Defensa que según los indicios aportados por la Contraloría General de la República habrían contratado irregularmente a la empresa israelí Global CST Ltd. para que preste asistencia técnica en materia de seguridad y entrenamiento al personal militar en el Vraem, servicios por los que se le abonó 40 millones de soles.

La Contraloría explica en un comunicado de prensa que “los hechos denunciados fueron evidenciados el año pasado (2013) como resultado de una acción de control de la Contraloría General, que detectó que altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y algunos funcionarios públicos cometieron irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato con la empresa israelí Global CST Ltd.”.

Los investigadores determinaron que “existen indicios reveladores de la existencia de delitos de colusión, negociación incompatible, malversación de fondos y contra la fe pública, en las modalidades de falsedad ideológica y falsificación de documentos públicos”.

El contrato fue ejecutado y pagado el 20 de octubre del 2009.

Entre las irregularidades denunciadas por la Contraloría se encuentran: documentación fraudulenta para sustentar la aprobación de bases, la empresa contratista no estaba inscrita al momento de firmar el contrato en el Registro Nacional de Proveedores de Bienes y Servicios, suscripción del contrato sin las garantías que exige la ley (Cartas Fianzas), cartas fianzas inejecutables y obligaciones que no concordaban con las estipuladas en el contrato, pagos a la empresa a días transcurridos y no de los servicios efectivamente prestados, suscripción de adenda para pagar US$ 1.5 adicionales sin resolución autoritativa y sin certificación presupuestal, entre otras.

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