Fiscales de 20 países buscan en Lima más cooperación en casos trasnacionales

El Fiscal de la Nación (fiscal general) de Perú, Pablo Sánchez, inauguró el encuentro con un llamado a unir esfuerzos y mejorar sus capacidades para perseguir crímenes de carácter trasnacional, como el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, la minería ilegal y el lavado de activos.

"En Venezuela no existe estado de derecho y los ciudadanos gozan cada vez de menos derechos", aseguró Ortega, que abandonó el país en agosto después de ser destituida de su cargo tras meses denunciando la supuesta deriva totalitaria del país.
"En Venezuela no existe estado de derecho y los ciudadanos gozan cada vez de menos derechos", aseguró Ortega, que abandonó el país en agosto después de ser destituida de su cargo tras meses denunciando la supuesta deriva totalitaria del país.

EFE .- Fiscales y procuradores generales de una veintena de países comenzaron hoy en Lima una reunión de tres días donde debatirán distintos mecanismos para mejorar la cooperación judicial en la investigación de casos trasnacionales de crimen organizado, corrupción y lavado de activos, entre otros delitos.

En la Convención de Fiscales y Procuradores Generales, que organiza la Fiscalía de Perú, participan autoridades de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, España, Guatemala, Holanda, México, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay.

En la inauguración intervino la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, que denunció graves violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“En Venezuela no existe estado de derecho y los ciudadanos gozan cada vez de menos derechos”, aseguró Ortega, que abandonó el país en agosto después de ser destituida de su cargo tras meses denunciando la supuesta deriva totalitaria del país.

El Fiscal de la Nación (fiscal general) de Perú, Pablo Sánchez, inauguró el encuentro con un llamado a unir esfuerzos y mejorar sus capacidades para perseguir crímenes de carácter trasnacional, como el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, la minería ilegal y el lavado de activos.

“Hemos avanzado mucho en casos de corrupción emblemáticos con países como Andorra, Brasil y Suiza, pero es necesario ampliar esa cooperación con otros países y para ello es necesario reunir nuestras experiencias”, dijo Sánchez.

Durante la conferencia titulada “Los delitos de corrupción: retos y desafíos de la política criminal internacional”, la procuradora general de Argentina, Gils Carbó, abogó por consolidar un sistema de cooperación jurídica internacional ante los recientes casos de corrupción trasnacional.

Carbó sugirió la creación de equipos conjuntos de investigación, instrumentos, estrategias y presupuestos para que la lucha contra la delincuencia internacional sea más eficiente.

Por su parte, el procurador general de Uruguay, Días Almeida, aconsejó en esa misma mesa a sus colegas abstenerse de participar del debate político porque advirtió que muchas veces se utiliza a la lucha anticorrupción como parte de este.

En la conferencia sobre “Estrategias de investigación contra la corrupción trasnacional”, el vicefiscal general de Brasil, Luciano Mariz Maia, destacó la construcción de programas de informática al servicio de los operadores de justicia.

El brasileño explicó que ese software permitió poner al descubierto el caso Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción de Brasil, al que calificó como “símbolo de la capacidad investigativa en su país”.

Asimismo, la fiscal general adjunta de Paraguay, Alba Cantero, señaló que los mecanismos de cooperación jurídica y las estrategias de investigación han permitido a su país organizar a las instituciones para prevenir, detectar y reprimir actos ilícitos.

Dentro del coloquio llamado “La eficacia de las estrategias antilavado en un mundo globalizado”, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, resaltó que Centroamérica ha realizado un trabajo conjunto durante los últimos años que en su país permitió “sentenciar a un exmandatario y abrir investigación a otro más”.

Además, el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, comentó que en su país se implementó la Unidad de Investigaciones Patrimonial, que desde el 2015 se encarga de investigar el origen del patrimonio y los fondos con los que cuentan los servidores públicos.

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