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Todos los países del mundo se disputan una plaza para recibir la vacuna contra el COVID-19, la cual todavía es escasa y producida por pocos laboratorios farmacéuticos. Los gobiernos firman contratos con las compañías desarrolladoras de esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, mucha información de estos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.
Según la BBC, los costos y formas de distribución son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.
En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer se estancaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.
Una práctica habitual
Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”. “Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, agrega.
Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.
El caso de Perú
Según la BBC, Perú se ha convertido en un ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.
Las negociaciones del gobierno peruano con Pfizer para la adquisición de la vacuna no se concretaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.
La falta de acuerdo con la farmacéutica llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.
Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.
En Colombia, el gobierno ha sido criticado por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.
No obstante, la confidencialidad en los contratos cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.
El economista David Bardey señala a BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.
“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos”, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.
Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.
Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.
Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.
“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.
Las diferencias en la accesibilidad a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como lo definió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, al hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.
La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados. O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.
